Alfonso Fernández Mañueco preside la reunión de la Comisión Asesora de Justicia de Castilla y León. / Ical

El consejero de Interior y Justicia, Alfonso Fernández Mañueco, explicó ayer en Burgos que la Comisión Asesora de Justicia de Castilla y León ha fijado cinco puntos para mejorar la administración judicial en la Comunidad y que servirán de punto de partida para pactar con los partidos políticos con representación en las Cortes un documento que servirá de guía a la Junta. El objetivo es afrontar la modernización en esta materia cuando asuma las competencias. Se trata de la reestructuración de la planta y la demarcación judicial, la creación de órganos y unidades judiciales, la organización de las oficinas judiciales, la construcción y acondicionamiento de sedes, la implantación de nuevas tecnologías y, por último, el acceso a profesiones jurídicas, la formación y el turno de oficio. Así lo explicó Fernández Mañueco tras reunirse la Comisión Asesora de Justicia, creada en enero de 2009 y compuesta por todos los colectivos judiciales.
El primer punto se refiere al número de juzgados, salas de tribunales y jueces que se necesitarán a medio plazo y los territorios que cubren. El consejero recordó que la creación de órganos y unidades judiciales es responsabilidad del Estado y la Junta. El segundo punto se refiere a la mejora de la organización del personal que trabaja en los juzgados y tribunales para lograr más rapidez y coordinación y contribuir a prestar un servicio más eficiente al ciudadano, lo que se conoce en la Ley Orgánica del Poder Judicial como la nueva oficina judicial.
Asimismo, es necesario un programa específico de edificios judiciales, que debe contemplar, por un lado, la construcción de edificios para resolver los problemas de dispersión de ciudades, como Palencia, Segovia y Valladolid. Por otro lado, agregó, la construcción de nuevos edificios en los lugares en los que el mal estado de los actuales así lo exige; la rehabilitación de edificios existentes y la adecuación de todas las instalaciones.
Otro de los apartados es el de las nuevas tecnologías, de los sistemas que permiten archivar y manejar los datos para agilizar los trámites y mejorar la coordinación entre órganos judiciales. Esta planificación deberá incluir un sistema informático de gestión procesal que garantice su compatibilidad con los sistemas de gestión procesal del Estado y del resto de comunidades y con los sistemas de información de abogados y procuradores. En cuanto al acceso a profesiones jurídicas, formación y turno de oficio, se destacó la necesidad de mejorar la formación.
Por otra parte, se considera que una de las líneas de actuación prioritaria debe ser la dignificación de la prestación del servicio de justicia gratuita, lo que exige la mejora en la dotación de recursos económicos de los turnos de oficio de abogados y procuradores.
También el consejero dijo que el Gobierno debe realizar las inversiones necesarias para solventar estas deficiencias.
Por ello, hará llegar al ministro de JusticiaFrancisco Caamaño, el trabajo de la Comisión Asesora, como se comprometió con el ministro en la reunión que mantuvieron en octubre, para que las conozca y las valore.
Al mismo tiempo, se trasladará a la Sección Castellana y Leonesa de la Comisión Mixta de Transferencias para que puedan utilizar su contenido en el traspaso. Asimismo elaborará, una vez que se haga efectivo el traspaso, el Plan Autonómico de Modernización de la Justicia.

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