César Antón (i) explica las novedades del proyecto de Ley junto a De Santiago-Juárez, tras el Consejo de Gobierno. / ical

El primer Consejo de Gobierno de 2010 aprobó el proyecto de Ley contra la Violencia de Género en Castilla y León, un compromiso asumido por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en su discurso de investidura, y que incorpora importantes novedades como la ampliación del concepto de violencia de género a otros ámbitos diferentes al de la pareja, o la extensión de recursos a personas dependientes de las víctimas, como pueden ser los menores y mayores que conviven en un hogar donde existe violencia de género.
Así lo explicó el consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, quien avanzó que buscará en las Cortes regionales con los diferentes grupos parlamentarios el «máximo consenso político», con el fin de aprobar la Ley a finales del periodo de sesiones que ahora se inicia, sobre el mes de junio, o a principios del siguiente, ya en septiembre.
Su elaboración se ha desarrollado con un alto grado de consenso social, ya que 46 entidades (administraciones públicas, asociaciones de mujeres, organizaciones sindicales y empresariales, organizaciones agrarias, colegios profesionales, entre otros) han recibido trámite de audiencia para la elaboración del borrador del anteproyecto. Además, destacan también las reuniones llevadas a cabo en el seno de la Mesa del Diálogo Social, en la que se han aclarado criterios en torno al anteproyecto y se han recogido sugerencias.
La Ley responde a la necesidad de regular en un texto, con el máximo rango legal, la obligación de los poderes públicos de dar una respuesta efectiva al problema de la violencia de género, para reconocer una serie de derechos a las víctimas y abordar las soluciones desde un punto de vista global y multidisciplinar. Así, a efectos de la Ley, se asume una acepción en sentido más amplio del concepto como tal de violencia de género, que se define como «cualquier acto de violencia hacia las mujeres que se ejerce contra ellas por el hecho de serlo, y que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, incluyendo las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como privada».
El objetivo básico que se pretende alcanzar con esta Ley es la igualdad real entre hombres y mujeres, para lo que hay que eliminar la violencia dirigida a la mujer como la más clara manifestación de desigualdad. Al respecto, Antón subrayó la prevención, principalmente en el ámbito de la educación, «ya que hay que enseñar los valores desde niños para que no se produzcan situaciones de desigualdad en edades más adultas que puedan acabar en manifestaciones de violencia de género».
El proyecto de Ley se estructura en un Título Preliminar y cuatro títulos, que tratan, respectivamente, sobre las medidas de sensibilización y prevención; asistencia integral; instrumentos de planificación y coordinación, e inspección y régimen sancionador.
La Ley ofrece novedades relevantes. En primer lugar, no se limita a atender las manifestaciones de violencia de género en cualquiera de sus modalidades (física, psíquica o emocional, sexual, económica o de cualquier otro tipo) al ámbito de la pareja, ex pareja u otra relación análoga, sino que extiende este concepto a otros ámbitos. Asimismo, garantiza el reconocimiento legal de los derechos de las víctimas de violencia de género a recibir una atención integral, y se amplia el concepto de beneficiarios de algunos recursos a personas dependientes de las víctimas.
En tercer lugar, la norma aborda la violencia de género desde dos ámbitos: la prevención y la atención, y también potencia los recursos de asistencia y establece mecanismos de planificación y coordinación de las medidas que adoptan los poderes públicos para alcanzar la erradicación.
También importantes son la potenciación de las campañas de sensibilización y la consideración de la educación como uno de los pilares básicos para conseguir que la violencia de género desaparezca de la sociedad. Además, se contempla la previsión de programaciones anuales donde se establezcan las prioridades de actuación.
Por su parte, el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, indicó que con este proyecto de Ley «se cierra el marco idóneo» contra la violencia de género con trabajo social, internacional (en el Comité de las Regiones Europeo), institucional (con la firma de protocolos con comunidades autónomas limítrofes y las de desarrollo estatutario), y ahora, por último, el apartado legislativo.

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