Herrera, en un momento de la pasada Conferencia de Presidentes. / ICAL

La Junta de Castilla y León ha planteado al Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero varias reformas estructurales, tres pactos de Estado en energía, educación y vivienda, reestablecer el flujo del crédito hacia las familias y las pequeñas y medianas empresas (pymes), así como reducir los niveles actuales de deuda pública de forma progresiva. Ésta es la síntesis del documento que, según anunció el jueves el consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, el Ejecutivo regional ha enviado al Ministerio de Política Territorial con un total de 35 propuestas que pretenden responder al texto sobre economía y empleo mostrado por Moncloa en la IV Conferencia de Presidentes.
Según la Junta, el documento se presentó al finalizar la reunión y en esas condiciones no pudo valorarlo, debido a lo cual el jefe del Ejecutivo autonómico, Juan Vicente Herrera, se abstuvo y ahora manifiesta su opinión.
De forma genérica, y dado que los resultados del encuentro celebrado en Madrid el pasado 14 de diciembre «no estuvieron a la altura», según De Santiago-Juárez, el Gobierno regional aboga por la «necesidad» de recuperar la confianza a través de la «sustanciación» de un triple pacto para el impulso de las reformas económicas que España requiere. Al respecto, pide un pacto social que articule una «vigorosa concertación con los agentes sociales y económicos»; otro político que garantice un amplio apoyo parlamentario a las reformas; y uno más de carácter territorial que, sobre aspectos concretos, promueva la coordinación de las iniciativas del Estado y de las comunidades autónomas, «en un marco de lealtad institucional y de respeto de competencias que son propias de cada nivel de gobierno».

Empleo

En materia de empleo, -«el mayor problema económico» de España-, la Junta recomienda impulsar un cambio estratégico en la formación, con el objetivo de mejorar la ocupabilidad e inserción de todos los desempleados, algo que se lograría mediante la reforma «urgente» de un Real Decreto que permitiría un marco de mayor flexibilidad a los gobiernos autonómicos en la gestión de la misma.
Otros aspectos que aconseja la Junta en materia de empleo son fortalecer la financiación de las políticas activas; estimular la participación de las empresas en el sistema de Formación Profesional a través de la creación de ‘aulas-empresas’, y racionalizar el actual sistema de reparto de los fondos estatales finalistas que financian los servicios públicos de Empleo con criterios que encarecen la prestación del servicio (extensión y dispersión, entre otros).
En el mismo capítulo, el Ejecutivo que preside Herrera aboga por impulsar la contratación de jóvenes, mujeres, discapacitados y personas en riesgo de exclusión social, así como por mejorar el incentivo a la transformación de sus contratos en indefinidos.

Finanzas públicas

Si el desempleo es el problema más urgente para la Junta y la manifestación «más dramática» de la crisis económica, la sostenibilidad de las finanzas públicas también constituye un elemento de «enorme preocupación». Por ello, en el documento remitido al ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, el Gobierno regional deja claro que el nuevo sistema de financiación autonómica «no satisface en la medida necesaria los principios de suficiencia y solidaridad», si bien esta semana el modelo fue aceptado por los representantes regionales.
En materia de endeudamiento, el Ejecutivo liderado por Juan Vicente Herrera se muestra contrario a un escenario en el que se continúe con el incremento de los niveles actuales de deuda. Más aún, defiende lo contrario, es decir, reducirlos de forma progresiva, respetando siempre el límite máximo del 60 por ciento del PIB. En este punto, reprocha el documento, la referencia recogida en la propuesta conocida en la Conferencia de Presidentes a la media de los países que integran la Eurozona «no resulta, dada su indeterminación, adecuada».
Otro de los aspectos solicitados desde la Junta de Castilla y León es garantizar el máximo respeto al principio de lealtad institucional, para lo que, a su entender, el Gobierno de la Nación debe comprometerse a no adoptar decisiones que supongan nuevas prestaciones de servicios públicos a cargo de las comunidades autónomas sin el consentimiento de éstas, como sucedió con la Ley de Dependencia.