Dos mineros trabajan en una explotación de carbón de la provincia de León. / Ical

La Consejería de Economía y Empleo otorgará preferencia y primará en las ayudas a la minería a las empresas que mantengan el empleo estable y reduzcan la siniestralidad, mientras que excluye de los incentivos a las industrias en crisis, según recoge en el proyecto de decreto del Programa de Actuación en las Comarcas Mineras 2008-2012, que tiene como beneficiarios a asociaciones, organizaciones, empresas privadas y entidades públicas o privadas que ejecuten proyectos de promoción o reactivación económica en las cuencas mineras de la región.
El proyecto, formado por 24 artículos y cinco disposiciones, regula los incentivos a la minería energética y su régimen jurídico; las ayudas a la minería no energética; las actividades comunes como la seguridad minera, la mejora del hábitat o el empleo y formación; la reactivación de las cuencas bajo el principio de adicionalidad y la previsión presupuestaria.
Entre los objetivos están el establecimiento de una diferencia entre la minería energética y no energética, el apoyo a las empresas mineras con líneas para la mejora de su competitividad, la mejora de las condiciones de vida de las cuencas en infraestructuras, telecomunicaciones, equipamientos, fomento del ahorro energético o implantación de energías renovables, la potenciación de empresas alternativas, el fomento de la investigación, el respeto al medio ambiente y desarrollo sostenible y la formación y cualificación técnica de los trabajadores.
El decreto, en el que se ha dado audiencia a la Asociación de Municipios Mineros de Castilla y León, la Confederación de Organizaciones Empresariales y las federaciones sectoriales de minería de los sindicatos, da continuidad al Programa de Actuación de las Comarcas Mineras 2004-2007, y recoge que los presupuestos de la Comunidad incluirán los créditos necesarios y suficientes para que se alcancen, en los cinco años de vigencia del programa, los objetivos previstos. También subraya que los fondos tienen carácter de aportación excepcional, adicional y complementaria a otras ayudas previstas por las administraciones, tanto nacionales como comunitarias, para las comarcas mineras.
En el proyecto de decreto se incorpora una memoria económica en la que se explica que este programa no supondrá incremento del gasto público porque todas las medidas tendrán dotación en cada anualidad del presupuesto por lo que no incluye, por entender que resulta imposible, una estimación global de las cuantías. Sin embargo, con la base de la aportación de 2008, cuantifica en más de 50 millones de euros la cuantía global de las medidas, siempre como un complemento de otras.
Por otro lado, destaca que el Plan del Carbón 2006-2012, cuya financiación es de 2.880 millones, destina 440 millones para las anualidades 2006, 2007 y 2008 y otros 390 para el periodo 2009-2012. A partir de 2008 los 440 millones se distribuyen así: 200 para infraestructuras, 150 para proyectos empresariales y 40 para formación. En el capítulo de infraestructuras, corresponde a Castilla y León un 30% del global, por lo que el principio de adicionalidad arrojaría más de 70 millones de euros.
Igualmente, el decreto contempla un plan de formación continuado y específico para las cuencas y ayudas para planes de dinamización y para compensar la pérdida de ingresos económicos en los municipios carboneros a consecuencia de la despoblación.
En materia de seguridad, la Junta elaborará una estrategia en riesgos laborales e incentivará en las subvenciones la reducción de la siniestralidad en la explotación.

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