Varios de los asistentes, entre ellos el directivo de Caja Burgos José Luis Hernández (i), acuden a la reunión en Madrid. / ICAL

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Los consejos de administración de Caja España, Caja Duero y Caja Burgos se limitarán a aprobar antes del 10 de noviembre un acuerdo inicial para abordar la fusión de las entidades que no incluirá el pacto laboral con los sindicatos, según fuentes financieras, que apuntaron a la complejidad de la negociación sindical como una de las causas de esta decisión.
Los representantes de las tres entidades informaron ayer a los responsables sindicales del calendario para acometer la fusión que arrancará con este acuerdo inicial, tras el cuál comenzará la negociación efectiva con los sindicatos. Se prevé que en febrero los consejos de administración de las tres cajas vuelvan a reunirse para votar el acuerdo de fusión para que en marzo pueda llevarse a las asambleas.
Lo que no está cerrado es el alcance del acuerdo que deberá votarse en los respectivos consejos de administración antes del 10 de noviembre y dar así cumplimiento al mandato del Banco de España. Después de que los presidentes de las entidades presentasen ayer al vicepresidente segundo y consejero de Economía, Tomás Villanueva, la documentación en la que se sustentan sus negociaciones, ahora se intensificará la negociación política para concretar la propuesta que deben someter a los consejeros.
Caja Burgos se mantiene firme en su decisión de que el acuerdo debe ser cerrado e incluir las futuras sedes de la caja fusionada y la estructura y organigrama de los órganos de gobierno. La caja burgalesa no incluyó entre sus condiciones que estuviese cerrado el Pacto Laboral. Mientras, Caja Duero y Caja España mantienen una postura flexible sobre la propuesta que deberán votar los consejeros, aunque admiten que cuanto más cerradas estén las diferentes materias será mejor, en aras a evitar nuevos retrasos en el proceso.
Será a mediados de noviembre cuando directivos de las cajas y los representantes sindicales vuelvan a reunirse con un plan concreto sobre la mesa que pasa por el cierre de unas 300 oficinas y un ajuste de plantilla de 1.400 trabajadores y el establecimiento de un marco normativo que unifique los criterios a la hora de decidir las posibles bajas.
En el encuentro, que comenzó a las 12.00 en la sede de la Asociación de Cajas de Ahorros para Relaciones Laborales y concluyó a las 14.15 horas, los responsables de las cajas hicieron una exposición del proyecto y presentaron el mismo como un esfuerzo por mejorar la eficacia del sistema financiero regional y un intento de preparar a las cajas para el escenario futuro, en el que deben acometer procesos de reestructuración y redimensionamiento de la obra social y una recapitalización a través del Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancario.