Las comisiones negociadoras de PP (a la izquierda) y PSOE, durante una reunión en el marco del pacto anticrisis. / ICAL

Los portavoces de los grupos Popular, Carlos Fernández Carriedo, y Socialista, Ana Redondo, coinciden en el avance sobre el modelo financiero y en los fondos de convergencia en la valoración global del pacto anticrisis, que negocian desde el pasado mes de marzo, y en el que las diferencias radican en el sistema de financiación autonómica, las infraestructuras y la renta de ciudadanía, mientras que prevén un acuerdo próximo en las materias relativas a políticas sectoriales y empleo.
La valoración es satisfactoria cuando se analiza el modelo financiero, con el compromiso del presidente autonómico de remitir una ley de cajas a la Junta, y el plan de convergencia; es relevante en la renta de ciudadanía y en políticas industriales y no hay acuerdo, sino más bien diferencias, en financiación autonómica e infraestructuras, sostiene Carriedo.
La opinión de Ana Redondo es similar, pero pone el énfasis en la renta de ciudadanía, derecho recogido en el Estatuto de Autonomía, para señalar que la mesa política que negocia esta materia está «paralizada». Redondo observa, así, una «falta de voluntad expresa», pues recuerda que Herrera no dijo nada de este asunto en el pasado debate de política general pese a que puso fecha para su aprobación: el 31 de julio de 2009. «La renta de ciudadanía es prioritaria, y voy a ser muy pesada», anunció.
El portavoz popular tiene una explicación para que no se hayan producido avances en la mesa política sobre este asunto. «El acuerdo político es bueno, pero es malo que se dé antes que el social», precisa. Así las cosas, cuando los agentes sociales cierren el acuerdo, se sumarán a él los grupos políticos, explica. Esta forma de trabajo ya tiene precedentes, recuerda Carriedo, en la creación del Consejo del Diálogo Social.
PP y PSOE sí han acordado inyectar los 125 millones del Plan de Convergencia al empleo en los pueblos. Más allá de ello, Redondo propone que en los presupuestos de 2010 se mantenga esta partida, pero con un «nuevo enfoque»: que esté ligada al modelo productivo y a los sectores en los que la Comunidad tiene potencialidad, como las energías renovables y, en concreto, la biomasa.
Fernández Carriedo también coincide en dar continuidad a este plan y recuerda que falta la identificación de las zonas, dado que el objetivo del mismo es corregir desequilibrios en el territorio y este año se ligó la convergencia con la crisis por la situación de recesión económica. Además, añade que está pendiente la cofinanciación por parte del Gobierno de Zapatero. En este punto, Redondo se muestra «escéptica» sobre la delimitación de las zonas.
Las mayores divergencias surgen al hablar de la financiación autónomica. «¿Por qué los socialistas de Castilla y León no defienden un porcentaje para la Comunidad, como sus compañeros gallegos?», pregunta Carriedo, mientras que su homóloga en el PSOE incide en que las comunidades son Estado y en que tienen que virar su «enfoque» y apuntar hacia un modelo integrador y solidario.
Además, la socialista recuerda que más de un millón de castellanos y leoneses han engordado la población de otras comunidades y apunta un incentivo del nuevo modelo que la Junta debe tener en cuenta: la cláusula de revisión anual, que puede aumentar la financiación a la región si hace los «deberes» y gana habitantes.
En infraestructura, las posiciones tampoco coinciden: la portavoz socialista censura que la Junta pida al Gobierno un «minutaje» sobre las autovías y otras obras viarias que, luego, no cumple en su Plan de Carreteras. Fernández Carriedo, por su parte, se centra en el cambio de rumbo y mayor voluntad con la llegada de José Blanco al Ministerio de Fomento.