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ENERGIA
El CES pide que se abra un debate sobre las fuentes de energía a utilizar «sin descartar ninguna»
El Consejo Económico y Social insta también a aprobar una ley que regule el sistema financiero regional y a que las cajas a aceleren sus propuestas de «colaboración e integración»
ICAL - VALLADOLID | 14/06/2009
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  Aerogeneradores del parque eólico ‘El Carril’, ubicado en Castrojeriz (Burgos). / Ricardo Ordóñez (Ical)

El Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León entiende que es necesario abrir un debate sobre cuáles deben ser las fuentes de energía a utilizar en la Comunidad, «sin descartar ninguna» de las que hoy componen el mix energético. Así aparece recogido en las recomendaciones de su ‘Informe sobre la Situación Económica y Social de Castilla y León en 2008’, en las que se justifica ese debate en la «creciente dependencia energética del petróleo».
Los grandes retos en la materia, siempre según el CES, son reducir la intensidad energética, aumentar la eficiencia, diversificar la oferta incrementando la producción a partir de fuentes de generación limpias e incrementar las inversiones en infraestructuras, especialmente en el medio rural.
El Consejo entra en detalle y remarca como de «gran importancia» el desarrollo de un nuevo plan de ahorro y eficiencia energética 2008-2012 y de un programa de fomento de energías renovables, con planes sectoriales de bioenergía y eólica, entre otras inciativas.
Por otra parte, el órgano consultivo regional se detiene en el primer capítulo del informe (‘La Economía en Castilla y León en 2008’), en el sistema financiero, y señala que los órganos de gobierno de las cajas de la Comunidad «deben acelerar en lo posible sus propuestas de colaboración e integración, hasta conseguir afianzar una posición sólida en el mercado», dadas las «turbulencias» generadas por la crisis en el sector financiero internacional.
El CES insiste también en que es preciso aprobar una ley reguladora del sistema financiero regional, a través de un proceso de diálogo con los grupos políticos en las Cortes, las fuerzas económicas y sociales y las propias entidades. En esta materia, también exige que se garantice la democratización de los sistemas de elección y la presencia de los agentes económicos y sociales en los órganos de dirección.
Junto a ello, el informe centra buena parte de su análisis en el sistema productivo y recoge la necesidad de un «imprescindible» cambio estructural basado en la innovación y el conocimiento y que gire en torno a la educación; industria como centro gravitatorio; políticas energéticas y medioambientales sostenibles; modificación del peso de los sectores urbanístico y financiero, y nuevos programas de inversión pública.

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