La portavoz socialista Ana Redondo saluda el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, en un momento del pleno. / ICAL
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, subrayó ayer que la tasa de paro en Castilla y León, del 13,8 por ciento, está «más matizada» que en las comunidades de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, todas socialistas, y volvió a reiterar que la ciudadanía identifica al Gobierno del PSOE con la «recesión y el paro», le espetó a la portavoz socialista.
Ana Redondo preguntó al presidente, en la sesión de control en las Cortes, por su valoración sobre la cifra de desempleados en Castilla y León. «Mostró interés el pasado pleno por los cuatro millones de parados, en Castilla y León hay casi 174.000, en los que la Junta puede actuar». La portavoz socialista y Herrera coincidieron en la preocupación por el desempleo y en que el número de personas en paro es la consecuencia «más dramática de la crisis».
A partir de esa consideración, cada uno llevó las cifras a su camino. Redondo acusó a la Junta de «ocultar la fotografía negativa» del paro y se refirió al 51 por ciento del desempleo acumulado, a los cincos puntos por debajo de la población activa sobre la media nacional y a la cobertura más baja en algunas zonas de la Comunidad. Además, apuntó a tres causas: el «alarmante» aumento de los parados de larga duración, la temporalidad y el número de autónomos que han cesado en su actividad, 44.000 en 2008.
Herrera se refirió a la valoración de Óscar López sobre los datos del paro de abril, en los que veía «algún atisbo» de recuperación, y añadió que, como los socialistas no ven «brotes verdes» en España, critican las cifras regionales. En la Comunidad la tasa de desempleo es similar a la de 2000, pero con el diferencial de que hay 150.000 personas ocupadas más, argumentó.
Por último, señaló que cuando se reúna en breve con el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, le planteará la protección para las personas que se quedan sin subsidio de desempleo. Estas personas, podrían incluirse en la renta garantizada de ciudadanía.