El consejero de Fomento, Antonio Silván, destacó ayer ante la Comisión de Transporte e Infraestructuras de las Cortes que la legalidad del expediente de adjudicación de la variante de Olleros de Alba (León) está avalada por el Tribunal de Cuentas del Reino de España en su informe anual del ejercicio 2002, que no recoge reparo alguno en la tramitación del mismo.
Silván insistió en su intervención, que se prolongó unos diez minutos, que las acusaciones contra la Junta son «infundadas, injustas, torticeras y temerarias». Por el contrario, sostuvo que se trata de un expediente administrativo «correcto, limpio, inmaculado y ajustado a la legalidad». El consejero incidió en que el expediente pasó por todos los trámites de fiscalización, tanto la Intervención General de la Administración de la Comunidad, la Mesa de Contratación (con la Intervención Delegada y la Asesoría Jurídica), y el Tribunal de Cuentas del Reino de España, que «avalan con sus informes su total limpieza». En este último órgano precisó que el 15 de abril de 2003 se le remitieron los expedientes de obras de 2002, entre ellos el de la Variante de Olleros. En este sentido, comentó que el Tribunal de Cuentas no apreció ninguna irregularidad ni en el informe definitivo, ni en el provisional, en los que no hizo referencia a defecto alguno o a solicitud de documentación complementaria respecto del expediente». Así, concretó que el 9 de mayo de 2006 el pleno del Tribunal de Cuentas aprobó el informe anual de la Comunidad para 2002, «sin formular reparo alguno» al expediente.
«La legalidad, claridad y limpieza han quedado acreditadas a través del control que se ha realizado antes, durante y después de la adjudicación sobre el expediente», agregó. Asimismo, constató también que el Juzgado Central de Instrucción nº5, en cuyo poder se encuentra el expediente para su análisis «no ha puesto en duda» su tramitación administrativa.
Silván insistió en que estas comunicaciones a la empresa incluyen la orden de adjudicación y los requerimientos oportunos en relación a la constitución de la garantía definitiva, el pago de los anuncios de licitación y el plazo para la formalización del contrato, que se firmó el 16 de diciembre. «No se trata de un fax de la Junta, sino de un papel en destino en el que cualquiera pudo anotar lo que quiso».
La portavoz del PSOE en la Comisión, Ana Muñoz, exigió al consejero que inicie un «proceso interno de investigación interna para limpiar el nombre de Castilla y León». Así, constató que en 2002 el Tribunal de Cuentas sólo fiscalizó 41 de la Junta, el 36 por ciento del total, de los que 14 eran de Fomento, entre los que «no figura» el de la variante de Olleros. Asimismo, mostró su sorpresa por la prontitud en la comparecencia del consejero y denunció que la actuación en esa zona ha costado 4,4 millones, el doble de lo previsto inicialmente.
En su respuesta a la socialista, Silván defendió su ejercicio de responsabilidad al comparecer ante las Cortes a petición propia y criticó al PSOE, por haber contado con «nueve horas» para consultar el expediente, y sólo haber empleado algo más de una. También advirtió al PSOE de que alguien deberá responsabilizarse de las consecuencias de las acusaciones de una empresa de la Comunidad de carácter nacional e internacional.
Por su parte, el portavoz de la UPL, Joaquín Otero, recordó que en estos momentos el juzgado está tramitando diligencias previas, «meros indicios, una simple opinión de un juez» al que criticó por su instrucción «poco rigurosa». En este sentido, explicó que la discusión de ayer en las Cortes estuvo motivada por un fax y unas anotaciones en el mismo, que se ha probado que no se produjeron en la Consejería. A pesar de todo, pidió que se agregue a las notificaciones del Gobierno regional un epígrafe que indique que «los añadidos no son responsabilidad de la Junta».
Finalmente, el procurador del PP, Juan José Sanz Vitorio, agradeció la «celeridad» del consejero en su comparecencia y defendió que el expediente es «impecable y se ajusta a la legalidad». Vitorio insistió en que alguien va a tener que asumir responsabilidades por las acusaciones a una empresa de la Comunidad, que se puede ver afectada en un momento de crisis como el actual. Además, acusó al PSOE de haber mentido en su solicitud de consulta del expediente a la Junta, ya que no se ha producido porque está pendiente de calificación y admisión a trámite en las Cortes. «Parece que alguien ha dicho dispárese, y un voluntario se ha puesto a disparar sin saber si el arma estaba cargada».