El consejero de Fomento, Antonio Silván, pondrá hoy por la mañana a disposición de los portavoces de los grupos parlamentarios en las Cortes el expediente de su departamento sobre la adjudicación de la variante de Olleros de Alba a la empresa Teconsa a finales de 2002, que ha sido solicitado por el Juzgado de la Audiencia Nacional número cinco, dirigido por Baltasar Garzón, en relación con el ‘caso Gürtel’, para que puedan analizarlo y estudiarlo.
Así lo anunció ayer el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, al término de la reunión del Consejo de Gobierno, en la que se acordó esta medida. De este modo, y «en aras a la transparencia», significó, Antonio Silván tenía previsto dirigirse a los portavoces parlamentarios para invitarles a acudir esta mañana a la Consejería de Fomento para analizar el citado expediente, una invitación que, de hecho, cursó por la tarde, según confirmaron fuentes de la Junta.
Se ha tomado esta decisión, aclaró De Santiago-Juárez, para que en la comparecencia del consejero en las Cortes, que se producirá por la tarde y que fue solicitada de manera urgente por la Junta, los portavoces cuenten con más argumentos de debate. Eso sí, recordó, se decide esta acción sin que la Mesa de las Cortes haya calificado la solicitud ordinaria del Grupo Socialista para conocer este expediente. Precisamente, ésta es la causa por la que los portavoces tendrán que acudir a la Consejería porque, según explicó, el Gobierno regional tiene la obligación de «custodia» del documento. «Más facilidades no se pueden dar», recalcó el consejero portavoz, para confiar en que los grupos tengan hoy el tiempo suficiente de analizar el expediente.
Desde la Consejería, se les enseñará el expediente completo, es decir, qué empresas se presentaron, qué presupuesto tenían y qué puntuación sacó cada una. En este sentido, De Santiago-Juárez recordó que Teconsa y FCC quedaron empatadas en puntuación, pero se decidió adjudicar el proyecto a la primera porque resultaba 100.000 euros más barata.
El consejero de la Presidencia y portavoz volvió a insistir en que la tramitación del expediente por parte del Gobierno regional fue «regular, limpia y clara», al tiempo que mostró su «rechazo absoluto» a que se pueda hablar de tramitación o adjudicación «amañada», tal y como ya sostuvo el miércoles. Según reiteró, el 9 de marzo se recibió la solicitud del juez Garzón y, «en menos de 24 horas», ya disponía del mismo. En ese momento, «por prudencia», la Junta revisó el expediente y «no se preocupó», acto que volvió a hacer cuando lo destaparon los medios de comunicación con el mismo resultado, explicó.
«Tenemos muy claro que cumplimos con la ley porque es un expediente absolutamente regular y limpio y tenemos absoluto rechazo a que se tilde de expediente amañado», tal y como refleja el auto de Garzón. Precisamente, ese auto recoge que el fax remitido por la Junta a la empresa, en la que se la comunica la concesión de la obra, contiene unas anotaciones a mano sobre cantidades junto a unas siglas que pueden corresponder a personas.
Al respecto, el portavoz recordó que la Junta no tomará medidas judiciales contra estas afirmaciones de Garzón, al tiempo que recordó que la responsabilidad del Ejecutivo termina con la adjudicación. En todo caso, subrayó, Garzón lo que tiene que hacer es analizar cuándo se hacen las anotaciones y apeló «al sentido común» porque la Administración «no se va a poner a hacer anotaciones a mano», «es un insulto al sentido común», apostilló.
Al ser preguntado sobre si la Junta revisará otros contratos con esta empresa, instó a esperar a la comparecencia del consejero de Fomento hoy en las Cortes, pero señaló que esta empresa también tiene muchos contratos con el Gobierno de España.

Críticas a los socialistas

También tuvo críticas el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta para la petición ordinaria del Grupo Parlamentario Socialista del expediente en las Cortes. Al respecto, José Antonio de Santiago-Juárez insinuó que los socialistas «no conocen el Reglamento» porque, explicó, si se solicita de forma ordinaria puede pasar un mes hasta que se califique por la Mesa de las Cortes. Así, aseguró que el conocimiento del Reglamento por parte del Grupo Socialista «hace aguas», por lo que les recomendó que dediquen más tiempo a su estudio.
Además, confió en que con la comparecencia de hoy se aclaren las dudas sembradas por otros en torno al asunto, concretamente en las que se afirmaba que «cuando el río suena agua lleva». Sobre esto, dijo que «cuando el río suena es el Duero» y apeló a los socialistas a que se pongan a negociar las transferencias del Duero.