El presidente del PP de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, destacó ayer en Ávila que ésta es «una Comunidad Autónoma que tiene en el municipalismo uno de sus auténticos hechos diferenciales», que se compagina y complementa con el autonomismo y el sentimiento de pertenencia a una «gran nación».
Herrera, quien clausuró junto al presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, el acto de su partido en homenaje al 30 aniversario de las primeras elecciones municipales de la Democracia, aprovechó además para destacar la conveniencia de la creación, por parte de su Gobierno, del Fondo de Fomento del Empleo frente al «tactismo, la búsqueda de publicidad y la improvisación» que a su juicio supuso la puesta en marcha del Fondo Estatal de Inversión Local, que, a su parecer, fue «injusto para Castilla y León».
El máximo dirigente del PP regional ensalzó, así, el «compromiso local» de su formación y aseguró que ese compromiso le permite ser «la primera fuerza política de España». En el caso de Castilla y León, añadió, la Comunidad tiene en su territorio 2.248 de los 8.000 ayuntamientos de España, y de ellos, «casi 1.600» tienen alcaldes del PP.
Tras reconocer que «queda mucho camino que recorrer» en la potenciación del municipalismo, Herrera destacó también otros «aciertos» de su Gobierno autonómico, especialmente en cuanto al Pacto Local.
Por su parte, el presidente nacional del PP reivindicó «el papel de los ayuntamientos» que son, dijo, «la institución más cercana a los vecinos, la que resuelve los problemas más próximos», hasta tal punto, señaló Rajoy, que «el alcalde es en cierta manera un confesor de problemas personales».
Asimismo, repasó algunos de los problemas más acuciantes de las corporaciones locales, como las competencias impropias, el modelo de financiación o la crisis económica, problemas ante los que «el Gobierno de la Nación no hace nada».
Ante esta situación, Rajoy propuso como soluciones «a corto plazo» el establecimiento de un fondo para que los ayuntamientos puedan saldar sus deudas con las pymes y autónomos, mediante una línea de crédito del ICO por importe de 5.000 millones de euros, así como avalar las operaciones de crédito de los consistorios por 4.000 millones.
A «largo plazo», recordó Rajoy, el Partido Popular apuesta por «abordar de una vez y para siempre la financiación local» y por la resolución del conflicto de las competencias impropias.

Rajoy reclama un método para fortalecer el sistema financiero

Mariano Rajoy aseguró en Ávila que su partido hará «cuanto esté en sus manos para que las entidades financieras españolas sean más fuertes, funcionen cada vez mejor y den créditos» a las empresas para dinamizar la economía, si bien reclamó al Gobierno que actúe con «transparencia» y «con un método, sin improvisar».
En referencia a la intervención del Banco de España en Caja Castilla La Mancha y a la previsión del presidente de este órgano de más intervenciones, lanzó «un mensaje de tranquilidad a los depositarios» ya que sus ahorros «están garantizados por ley».
También en clave de actualidad, el líder del PP aseguró que su prioridad es «abordar la crisis económica y evitar la sangría del paro». Sin abandonar el tema de la crisis, confió también en que la cumbre del G-20 marque el principio de la recuperación.
Por otro lado, Rajoy se felicitó por la «negociación ejemplar» que ha llevado a cabo el PP con el PSE-PSOE en el País Vasco, en la que, dijo, se han defendido «los principios y no los puestos».

El PP reclama la reforma «inmediata» de la financiación local

Los alcaldes, concejales y presidentes de diputaciones del PP reclamaron, en un manifiesto elaborado con motivo del 30 aniversario de las primeras elecciones municipales, que se aborde la reforma de la financiación local. En este texto, se exige la puesta en marcha «de manera inmediata» de reformas institucionales y de las haciendas locales.
Este manifiesto, al que dio lectura el presidente del PP de Ávila, el también senador Antolín Sanz, incide en que estos 30 años no han sido suficientes para reconocer a los entes locales su capacidad de gestión porque los esfuerzos de los poderes públicos se han centrado más en las comunidades.
Así, se exige que se dote a estos, como «parte esencial de la arquitectura institucional española», de competencias y recursos suficientes para ofrecer «con garantías» los servicios a los ciudadanos. Asimismo, se pide que no se retrase más este compromiso dada la situación económica actual.
El texto no olvida a los alcaldes y concejales que perdieron la vida por defender la libertad y la democracia ante los asesinos de ETA y recoge que el reto más acuciante de la democracia pasa por conseguir la paz y la libertad en el País Vasco.