La Junta gravará en 4,8 céntimos el litro de los carburantes excepto el gasóleo de calefacción y el agrícola. / Ical.

La Junta defendió ayer la implantación del ‘céntimo sanitario’, que prevé gravar en 4,8 céntimos de litro los carburantes en la Comunidad Autónoma, por entender que «no había otra solución» ante la caída de ingresos para mantener la «calidad contrastada» y la sostenibilidad de los servicios básicos públicos y pidió celeridad a las Cortes para que el proyecto de ley de Medidas Tributarias, en el que está incluido este gravamen, pueda entrar en vigor el 1 de marzo.
Este es el argumento en el que insistió el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno para justificar por qué se ha aprobado el proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras sin atender las propuestas de Cecale y agentes sociales, quienes han rechazado de plano ese incremento en el informe presentado por el Consejo Económico y Social (CES). «Si se reducen los ingresos y queremos mantener la calidad contrastada de los servicios públicos esenciales, no teníamos otra solución; y estamos hablando de calidad contrastada», enfatizó De Santiago-Juárez, en referencia a conservar la nota que los distintos órganos externos han dado a la sanidad, educación o gestión de la dependencia por la Junta.
Desde el respeto al informe remitido ayer por el CES, expresó la «sorpresa» por que en «24 horas» se haya pasado de un primer borrador, en el que se reflejaba la «comprensión» a la medida en un contexto de consolidación presupuestaria al rechazo frontal a la misma. «Ellos tendrán que explicar ese cambio (por Cecale, CCOO y UGT); no han explicado por qué esa rectificación», observó.
De Santiago-Juárez rebatió también las criticas del presidente de Cecale, Jesús Terciano, relativas a que las medidas anticrisis se hayan adoptado tarde, a que falten iniciativas de impulso de la economía y a que no se haya avanzado en la reducción del sector público empresarial. «Es falso e injusto» aseveró para recordar que en 2008 hubo un primer paquete de medidas anticrisis así como que se ha iniciado el ajuste en los entes públicos y apuntó a la nueva ADE, entre otras.
Por su parte, el consejero de Economía y Empleo de la Junta, Tomás Villanueva, expresó su «total respeto» al informe aprobado por el CES, si bien incidió en que el Gobierno regional está «obligado» a tomar decisiones ante la recesión económica, porque tienen la «obligación de seguir impulsando servicios públicos de calidad y de prestigio, porque no queremos renunciar a ellos».
Por último, el Consejo Consultivo, a través de su presidente, Mario Amilivia, señaló que en la ley aprobada no se aprecia ninguna observación de carácter sustantivo, esto es, contraria a la legalidad.