Jesús Terciado (2 d) analiza las medidas de ajuste anunciadas en los últimos días junto a miembros de la junta directiva de Cecale. / Ical

La Comisión Permanente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León aprobó ayer por mayoría el informe preceptivo sobre el anteproyecto de ley de medidas tributarias, administrativas y financieras, en el que se impuso finalmente el rechazo de sindicatos y empresarios al denominado ‘céntimo sanitario’, por su repercusión en el tejido productivo y empresarial y en los ciudadanos, con un voto particular por parte de los expertos designados por el Ejecutivo autonómico, según fuentes consultadas. Esta decisión rectifica el informe previo elaborado por las comisiones técnicas del organismo en el que avalaba la medida, si bien solicitaba que se reforzara el carácter finalista de este gravamen.
Los sindicatos también lograron que se incluyera en el documento su rechazo a los recortes que sufrirán los empleados públicos y la recomendación a la Junta de una negociación previa a la adopción de cualquier medida. En este sentido, el secretario regional de Cecale, Hector García Arias, explicó que su organización emitió un voto particular, en el que expresó que el CES no es competente para opinar sobre las medidas de organización interna de la Junta, por lo que las observaciones de los sindicatos son «inapropiadas». Asimismo, la patronal rechazó las opiniones vertidas y valoró «positivamente» la nuevas medidas orientadas a rebajar el gasto corriente y a elevar la productividad de los empleados públicos.
En este sentido, el presidente de la patronal, Jesús Terciado, señaló que esta medida «contribuye a romper la unidad de mercado, posibilitando una discriminación fiscal entre comunidades autónomas, algo contra lo que desde Castilla y León se ha venido luchando a raíz de las vacaciones fiscales vascas». Además, recordó que con 4,8 céntimos de subida la región «ha pasado de 0 a 100, y sin vaselina», a lo que se suma la eliminación de la desgravación de tres céntimos por litro aprobado por el Gobierno central que afecta a transportistas y taxistas.
UGT, por su parte, valoró que el informe del CES al anteproyecto se remita a la Junta con el rechazo a la implantación del ‘céntimo sanitario’ por parte de los agentes sociales. Su secretario general, Agustín Prieto, destacó también que se recoja la recomendación de negociar en las mesas sectoriales la congelación de salarios y aumento de la jornada laboral de los empleados públicos. Así, señaló el «rechazo total» al entender que es una «medida fiscal injusta» y tendrá una «repercusión negativa» en todos los ciudadanos, tanto en quien gane 500 como 5.000 euros. El dirigente ugetista explicó que están en contra de que se imponga «uno o cuatro» céntimos y abogó por una reforma en los impuestos directos no en los indirectos.
Por su parte, el secretario de Movimientos Sociales y Coordinador de Órganos Institucionales de CCOO, Carlos Castedo, se mostró satisfecho por el informe final, ya que el CES ha entendido que la medida del ‘céntimo sanitario’ «no es adecuada» para la Comunidad, «sobre todo si no se han tenido en cuenta alternativas como gravar a las grandes fortunas, impuesto de sucesiones, bonificaciones fiscales o incrementar el tramo autonómico del IRPF».