Los procuradores del Grupo Popular Soledad Romeral, Daniel Sobrados y Alfonso García, en un momento del pleno. / Ical.

El pleno de las Cortes aprobó ayer, con el voto favorable de los tres grupos, urgir a la Junta a crear centros de día en todos los municipios de más de 5.000 habitantes y a presentar el Programa Integral Activo, si bien no hubo acuerdo para pedir al Gobierno que siga con el desarrollo de la Ley de la Dependencia y para el desarrollo de la de Atención y Protección a las Personas mayores así como para el blindaje de las políticas sociales en los presupuestos de 2012.
El socialista Jorge Félix Alonso presentó una moción de cinco puntos a la que el PP presentó una enmienda con tres apartados y el acuerdo sólo se produjo en dos de los preceptos, los relativos a la presentación del Programa Integral Activo, aunque sin fecha, ya que la popular Soledad Romeral no aceptó que sea en tres meses. La Junta debe cumplir el acuerdo del Pacto Local sobre la creación de 14 centros de día en los municipios de más 5.000 habitantes, aunque la procuradora del PP recordó que son los consistorios los que deben solicitar y presentar el proyecto.
Romeral defendió que el blindaje de los servicios públicos es un compromiso de legislatura del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, y no sólo un mandato para el presupuesto del próximo año, ya que el PSOE planteó subir el IPC en 2012, y rechazó poner un plazo de tres meses para desarrollar la Ley de Atención y Protección de Personas Mayores. «Es grave que voten en contra del desarrollo de una ley que aprobaron ustedes en las Cortes y que lleva ocho años de retraso», recriminó Alonso. Otro aspecto de discrepancia fue la petición al Gobierno de seguir con el avance en la Ley de la Dependencia. Soledad Romeral pasó de puntillas sobre ese punto mientras que Alonso se detuvo en explicar los beneficios que cree que ha aportado la normativa a los 70.000 beneficiarios de Castilla y León.
Alonso, que contó con el respaldo del Grupo Mixto, recaló en la aportación económica de la ley al subrayar que se han destinado del Gobierno de Zapatero, al que atribuyó el reconocimiento de unas prestaciones que no existían para más de un millón y medio de personas, 1.587 millones más.
El socialista cerró el debate con el temor de que Rajoy suspenda la aplicación de esa normativa.