Los consejeros César Antón (i), Francisco Javier Álvarez Guisasola y Antonio Silván, antes del pleno de las Cortes. / ICAL

Las Cortes aprobaron ayer por unanimidad de los tres grupos el derecho de los ciudadanos de Castilla y León a contar con unos recursos mínimos para poder vivir, conocido como renta garantizada de ciudadanía, que incluso podrán reclamar a través de los tribunales, si bien habrá que esperar a la elaboración del reglamento por parte de la Junta para que la ayuda, no inferior a 425,6 euros, sea efectiva para los posibles beneficiarios.
«Cómo nos gustaría decir que ya es hora, pero deberán pasar unos meses más para que la percepción sea efectiva», exclamó el socialista Francisco Ramos al inicio de su intervención, para referirse a que falta aún la aprobación del reglamento, para el que se fija el plazo de seis meses, antes de tener derecho a la ayuda. Con ese argumento, afeó que no se haya cumplido la promesa del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, de que la renta de ciudadanía sería una realidad en agosto de 2009.
Ramos, pese a entender que la renta que se aplicará será «poco ambiciosa», anunció el voto a favor, argumento que motivó que, poco después, la popular Ángeles Ármisen acusara a la oposición de hacer «demagogia» y de no creer en lo que se acuerda en el diálogo social. «Hoy -por ayer- se hace realidad el principio de la solidaridad con las personas que más lo necesitan», defendió.
En un debate plagado de reproches, pese a que la ley se aprobó por unanimidad, el socialista Francisco Ramos volvió a defender las enmiendas –mantuvo 16 de 54 presentadas- para evitar la exclusión de la prestación a los mayores de 64 años, corregir desequilibrios de las provincias sobre el Ingreso Mínimo de Inserción o garantizar la obligación de la administración a disponer los recursos para la formación.
Ninguna de las propuestas socialistas fue aceptada por la popular Ángeles Ármisen, quien acusó a la oposición socialista de haber mantenido sobre el debate de esta ley un doble lenguaje, uno en el seno de la tramitación en las Cortes y otra pública para buscar el titular.
El consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, destacó, en la presentación del proyecto, el carácter complementario para las personas que reciben el Ingreso Mínimo de Inserción, que verán igualada esa prestación hasta los 425,6 euros mensuales mínimos de la renta, que es el 80 por ciento del Iprem, y la ampliación del concepto de unidad familiar a la convivencia de dos o más personas en un mismo domicilio unidas por un grado de parentesco o familias monoparentales. «Es un avance en la ley», subrayó, después de incidir en que se desarrolla un derecho subjetivo recogido en el Estatuto de Autonomía.