Una de las explotaciones mineras que hay en la Comunidad. /ICAL

El frente común liderado por los gobiernos de Castilla y León y el Principado de Asturias para librar en la Unión Europea (UE) la batalla por el futuro de la minería del carbón ha conseguido incorporar un nuevo socio, Aragón. El ejecutivo de Marcelino Iglesias ha confirmado su adhesión a este pacto político, económico y social, al que estudian ahora sumarse Castilla-La Mancha y el nuevo gobierno de Renania-Westfalia. La unión se materializará en un gran acuerdo que se rubricará el próximo mes de septiembre.
Los empresarios españoles y alemanes del sector, Carbunión y la Gesamtverband Steinkohle e.v., fueron junto con los ejecutivos castellanos y leoneses y asturiano los artífices de un manifiesto, que inicialmente, iba a ver la luz en el último cuatrimestre del año. Sin embargo, el anuncio de la propuesta de reglamento de la Comisión Europea de ligar las ayudas a la minería al cierre antes del 15 de octubre de 2014 de las explotaciones no competitivas precipitó los acontecimientos.
Tampoco tranquilizó al sector el retraso del pronunciamiento de las instituciones comunitarias sobre el plan español de incentivos a la quema de carbón autóctono en las centrales térmicas, una iniciativa del Gobierno de España que pretendía desbloquear el ‘stock’ de mineral en las empresas carboneras y, por tanto, la paralización de la actividad extractiva. Por ello, la propuesta del colegio de Comisarios ha levantado ampollas en España y Alemania, los dos países que se verían más afectados por la medida.
Según indicó el vicepresidente segundo y consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, las propuestas del documento, ya remitido a la Comisión y firmado de forma individual, reclamaba que los estados puedan otorgar tanto ayudas al funcionamiento, en virtud del mantenimiento de una reserva estratégica, durante un periodo superior a diez años, como subvenciones para apoyar desde el punto de vista social y autonómico el proceso de reestructuración planteado.
No obstante, los firmantes del manifiesto también rechazaban «frontalmente condicionar las ayudas a que se tengan que inscribir en un plan de cierre». Además, lanzaban dos mensajes a los gobiernos español y alemán. Dejaban claro que el estado español «debe dar por concluida» la reestructuración minera y apostar por la «estabilidad» del sector, mientras el ejecutivo germano debe impulsar el fin de este proceso. Además, precisaban que las ayudas para estos países no deben ser restrictivas como hasta ahora, ya que se reducían un cuatro por ciento cada año, sino que debían mantenerse.
Al respecto, Villanueva recordó que la propuesta actual plantea una reducción del 33 por ciento cada 15 meses. Por ello, señaló que la entrada en vigor del reglamento propuesto por la Comisión supondría iniciar el desmantelamiento de la minería en Castilla y León desde este momento, para cumplir con el calendario planteado, que fija en 2014 la desaparición de las minas deficitarias. Así, reclaman que se posponga el actual marco hasta lograr un consenso.
Seis de los 16 argumentos expuestos en el manifiesto, a cuyo texto íntegro ha tenido acceso la agencia Ical, hacen referencia al modelo energético de la UE y a la propia justificación de las ayudas ofrecidas al sector hasta ahora. Por ello, el argumentario del documento destaca la creación de una reserva estratégica, un proyecto para Villanueva no tendría «sentido» si no se garantiza la continuidad de las ayudas al sector del que dependen las cuencas mineras. Además, el vicepresidente económico recordó que el sector está reestructurado.
Por otra parte, el texto se apoya también en el estudio ‘Evaluación del Impacto Económico de la Minería del Carbón en la provincia de León’ de la Universidad de León. Según Villanueva, esta investigación corrobora que las ayudas de 315,9 millones que han recibido este año las empresas mineras, publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE), generan unos ingresos superiores para el Estado a los que obtendría sin esas subvenciones.
Igualmente, en Alemania, el manifiesto indica que el estudio realizado por Prognos AG en 2008 acerca de los efectos de la industria minera del carbón muestra que los costes fiscales de la desaparición de esta industria son en valor absoluto superiores a las ayudas para su mantenimiento.