El consejero de Fomento, Antonio Silván (en primer plano) asiste a la Conferencia Sectorial de Vivienda en Madrid. / (ical)

El consejero de Fomento, Antonio Silván, denunció, a la salida de la Conferencia Sectorial de Vivienda celebrada en el Ministerio del ramo, los «gravísimos» recortes impulsados por la ministra Beatriz Corredor, que en la Comunidad afectarán a más de 13.000 familias y supondrán pérdidas por valor de 73 millones de euros.
El consejero, que calificó de «absolutamente decepcionante» la reunión, acusó a Corredor de impulsar «medidas antisociales» porque afectan negativamente a un bien básico y «a las personas que tienen más dificultades». Además, Silván resaltó que las ayudas suprimidas o recortadas servían también de «revulsivo a un sector económico en grave crisis, el de la construcción».
Durante el encuentro, la ministra anunció que se recortarán los recursos financieros y los objetivos del Plan Estatal de Vivienda, se suprimirán las ayudas directas a la entrada para la compra la vivienda, con el objetivo de impulsar el alquiler y la rehabilitación, las ayudas a la urbanización de suelo, así como la reserva de eficacia.
El responsable de Fomento subrayó que las medidas resultan «gravísimas» para Castilla y León porque al recorte general de ayudas se añade la supresión de la reserva de eficacia, los fondos adicionales paras las comunidades que, como Castilla y León, ha ejecutado los objetivos del plan nacional. «La Comunidad ha cumplido los objetivos fijados por el Ministerio en política de vivienda y suelo, pero hoy se ve penalizada», criticó Silván.
Según sus cálculos, «los ciudadanos de Castilla y León van a dejar de percibir más de 73 millones de euros y más de 13.000 familias se verán afectadas». «Esa es la política antisocial del Gobierno de España», añadió.
Frente a las medidas anunciadas por el Ministerio, el consejero quiso lanzar un mensaje positivo, el de que Castilla y León «seguirá manteniendo la política social de vivienda». Silván resaltó que la Junta no eliminará las ayudas ni los beneficios fiscales, ni tampoco los planes de urbanización de suelo para la construcción de viviendas protegidas, que afectan a más de siete millones de metros cuadrados. «Seguiremos cumpliendo con los objetivos de la política social, pero solos, sin ayuda del Ministerio», destacó el responsable de Fomento.
En su opinión, las medidas impulsadas por Corredor suponen también «el certificado de defunción del Ministerio de Vivienda».