Una mujer recibe uno de los servicios de ayuda a domicilio. / Antonio Bartolomé

CCOO y UGT de Castilla y León solicitan a la Junta que ponga en marcha el sistema de cualificación derivado de la Ley de Dependencia de manera inmediata para proteger la labor de 5.000 trabajadores del sector de la ayuda a domicilio. Las centrales remitieron una propuesta al Ejecutivo autonómico para salvaguardar el empleo de estos profesionales ante la exigencia de la nueva normativa estatal de que cuenten con un certificado de profesionalidad de nivel 2, con una formación de 600 horas, que exige como requisito de acceso a la formación contar con un título de ESO o equivalente.
La mayoría de este colectivo de auxiliares de atención a domicilio cuenta con un carné profesional, fruto de las 315 horas de formación establecidas en 2002, y pactadas entre los agentes sociales y la Administración regional, teniendo como referente el certificado de profesionalidad vigente en aquel momento y su acomodación a la realidad del sector. Una gran parte cuenta con una experiencia superior a tres años.
En este contexto, CCOO y UGT reclaman a la Junta que ponga en marcha el sistema de acreditación de la experiencia y la formación informal, ya que les permitir obtener el certificado correspondiente para seguir ejerciendo su profesión sin tener que iniciar la formación completa a partir de ahora. «Nuestro objetivo es doble, que no se produzca una pérdida de empleo y el cumplimiento estricto de las obligaciones legales en cuanto a la formación».

experiencia. Así, plantean una formación complementaria de 90 horas para los que tengan carné profesional y con la exigencia de un mínimo de tres años de experiencia para obtener el nuevo certificado de profesionalidad. «La mayor necesidad es abordar un proceso específico de acreditación de la experiencia», señalaron, para aclarar que la Junta cuenta con un plazo hasta agosto de este año para ponerlo en marcha.
La Ley de Dependencia exige que en 2011 el 35 por ciento de los empleados cuente con esa formación, hasta lograr la totalidad en 2015, aunque se aclara que el porcentaje inicial se podrá reducir un 50 por ciento «cuando se acredite la no existencia de demandantes de empleo en la zona que reúnan los requisitos de cualificación».
CCOO y UGT entienden que es preciso que se pacten unos patrones comunes, así como comparar las formaciones otorgadas desde la Comunidad, y la exigida ahora por el Gobierno. El reto es definir qué parte del certificado es de convalidación directa y establecer, con la restante, un programa formativo común, a desarrollar por los afectados.
Asimismo, consideran «otro problema» que para obtener un certificado de nivel 2 se exige «tener título de la ESO o equivalente, del que en la práctica carecen buena parte de los trabajadores».