El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, durante la rueda de prensa. / Ical

La Junta buscará un acuerdo con los grupos Popular, Socialista y Mixto de las Cortes sobre las siete prioridades definidas por el jefe del Ejecutivo autonómico, Juan Vicente Herrera, en el debate sobre el estado de la región. Los encuentros deben alumbrar un pacto antes del 31 de julio, fecha máxima, fijada para incluir las medidas acordadas en el diseño de los Presupuestos Generales de la Comunidad de 2011.
Así lo avanzó ayer el consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo, José Antonio de Santiago-Juárez, quien informó tras el Consejo de Gobierno que el secretario general de su departamento, Santos Villanueva, convocará en breve a los tres portavoces parlamentarios a un encuentro después de que Herrera tendiera la mano al PSOE para alcanzar un pacto.
Por ello, criticó que el secretario autonómico del PSOE, Óscar López, afirmara que Herrera tiene su número de teléfono móvil para debatir sobre las siete prioridades. «Siempre que hay que defender los intereses de Castilla y León su móvil está fuera de cobertura», dijo el portavoz, quien explicó que en esas reuniones participará él mismo y la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo.

23 medidas.

Asimismo, en el Consejo de Gobierno se aprobó un paquete de 23 medidas de austeridad en el gasto, que incluyen las diez que ya esbozó Herrera. Estas disposiciones, que se estructuran en cuatro bloques, se centran en la racionalización de entidades administrativas y recursos humanos, la restricción presupuestaria para determinadas subvenciones y aportaciones y en la optimización de infraestructuras, servicios, suministros y medios materiales.
En ese sentido, De Santiago-Juárez, afirmó que el ahorro de plan de «austeridad» superará los 80 millones previstos inicialmente para este año. Asimismo, aseguró que es preciso adoptar medidas de ajuste ya que en su opinión las administraciones deben dar «prueba y ejemplo» a la ciudadanía, que sufre las consecuencias de la crisis económica.
En este paquete se incluye la reestructuración y reducción del número de entidades instrumentales (fundaciones, empresas públicas y entidades públicas de derecho privado), que deberá estar terminado antes del 31 de julio, así como la congelación de la oferta de empleo público hasta 2013, excepto en Sacyl, el sistema educativo y los servicios sociales.