Los grupos del PP y del PSOE esperan cerrar en julio la tramitación del proyecto de ley de creación de la renta garantizada de ciudadanía, derecho que desarrolla el Estatuto de Autonomía, para que se pueda aprobar el próximo mes de septiembre, de manera que se descarta así la posibilidad que se abrió durante el debate de política general de convocar una sesión extraordinaria para ratificar esta normativa.
Los ponentes de ambos grupos mantuvieron hoy la primera reunión para analizar las 56 enmiendas parciales presentadas, de las que 54 corresponden a los socialistas, que se desarrolló en un clima, tras las criticas y reproches del debate de política general, de acuerdo y cordialidad, según explicaron a la Agencia Ical los procuradores Raúl de la Hoz (PP) y Francisco Ramos (PSOE).
“No descarto nada”, respondió el parlamentario socialista sobre la posibilidad de acuerdo para la aprobación de esta ley, que llegó a las Cortes el pasado mes de abril después de haber sido consensuada en el Consejo del Diálogo Social, donde están el presidente de la Junta y los máximos responsables de patronal y sindicatos. También el procurador popular se mostró confiado en que haya acuerdo y en que se agilice después la tramitación.
Ramos condicionó el acuerdo al plazo, ya que su grupo considera excesivo que la ley recoja seis meses para la elaboración del reglamento, a partir del que se dará la prestación a las personas beneficiarias de ese derecho. De la Hoz explicó que es el tiempo máximo y no existe voluntad, ni por el presidente de la Junta ni por los líderes sociales, de agotar el mismo.
Sobre la posibilidad de celebrar un pleno extraordinario en julio, como propuso la portavoz socialista y no rechazado por el presidente de la Junta, el procurador popular argumentó que “nunca” se ha celebrado una sesión extra para la aprobación de una ley y subrayó que tampoco “se gana tiempo” porque agosto es mes de vacaciones en la administración regional y en los consejos consultivos `que deben emitir informe del decreto.
El socialista Francisco Ramos reconoció que no se gana tiempo con la aprobación en julio y se refirió también al coste económico que tiene la convocatoria de la sesión, tanto en dietas como en personal. Ambos coincidieron en que, aunque aprueben la ley en julio, se debe elaborar el decreto y éste tiene que pasar por el Consejo del Diálogo Social, Consejo Consultivo, Consejo Económico y Social y Consejo de Gobierno.
“Quince días para elaborar el decreto no es realista, es demagogia”, afirmó De la Hoz, en referencia a una petición en tal sentido de los socialistas, motivada como propuesta de resolución en el debate de política general. “Todos queremos que los trámites posteriores sean lo más rápidos posibles, pero eso ya no dependerá de los grupos políticos”, precisó el popular.
En sus enmiendas, la oposición socialista plantea la renta de ciudadanía como un derecho subjetivo encaminado a la inserción laboral y rechaza que haya seis meses para la elaboración del reglamento que debe desarrollar la ley porque el cobro de esta percepción coincidirá casi con el inicio de la campaña electoral de mayo de 2011.