Las sentencias por falta de pago de arrendamientos de vivienda cayeron un 15,7 por ciento en los últimos cinco años en Castilla y León a pesar de la crisis, un factor que presuponía un aumento de este tipo de litigios en el conjunto del país. Esta disminución regional fue ligeramente inferior a la media española, cuyos tribunales dejaron de dictar un 16,3 por ciento menos de sentencias por estos asuntos, debido principalmente a que la situación económica complicada ha llevado a alquilar menos y con más cautela, y por lo tanto, a registrarse menos denuncias, procesos orales y sentencias.
De este modo, la Comunidad registró hasta 1.292 dictámenes en 2009 por causas provocadas por alquileres de viviendas, 241 menos que en 2005, año en el que la situación económica no preveía complicaciones futuras. En España, se pasó de 27.833 a 23.293 el pasado año, de las que algo menos de una tercera parte fueron causas abiertas en Cataluña (6.541), Andalucía (2.931), Madrid (2.893) y Comunidad Valenciana (2.121), algo normal si se tiene en cuenta que son las cuatro autonomías donde más gente alquila.
Según el pronunciamiento, en el 95 por ciento de las 1.292 sentencias se estimó la demanda totalmente, es decir, 1.224, mientras que en sólo 41 se tomó en cuenta de forma parcial -llama la atención que 18 de ellas se registraran sólo en León-, y en un total de 27 la demanda se desestimó.
Por tipología, la inmensa mayoría de las sentencias en Castilla y León se dictaron por falta de pago (1.241), frente a cuatro que llevaron a proceso judicial por desacuerdo en la denegación de la prórroga, 16 que incurrieron en más de una causa y otras 31 que se engloban en otros. La cuota es similar en el conjunto de las comunidades autónomas con casi 22.000 sentencias relacionadas con la ausencia de pago por parte del inquilino.
Según se explica desde la abogacía, la crisis repercute en el descenso del número de este tipo de sentencias por la caída del número de alquileres. Aún así, a juicio del procurador vallisoletano David Vaquero Gallego, con despacho en la capital, a nadie le gusta formar parte de un proceso judicial, pero llegado el momento, muchos ‘caseros’ prefieren «no esperar» a que un juez autorice el desahucio de un inquilino por falta de pago «y deciden entrar por la fuerza en la vivienda, cambian la cerradura y se quedan con su casa, algo que es ilegal y que puede llegar a ser delito, pero que el arrendatario no denuncia si debe varias mensualidades», y de ahí que el número de alquileres haya disminuido.
En relación con lo anterior, Vaquero, especializado en este tipo de asuntos judiciales, sostuvo que en el sector existe un género de personas definido como los típicos ‘jetas’, que en épocas enmarcadas fuera del actual marco económico decide alquilar pero no paga la cuota «durante dos ó tres meses, y cuando recibe algún avisto del propietario deja el piso». «Para evitar procesos judiciales, el propietario ni siquiera suele denunciar porque se trata de una cantidad pequeña», indicó, algo que antes sí se hacía, por lo que este aspecto también ha podido contribuir a ese descenso de sentencias sobre arrendamientos de vivienda por falta de pago.
Este tipo de personas vuelve a hacer lo mismo en otro piso y así continuamente. «Nos hemos encontrado con casos de reincidencia, que suelen ser individuos con un perfil de entre 35 y 45 años, ni joven ni mayor», subrayó el procurador, quien explicó que pasan a formar parte del conocido como Registro Central de Rebeldes Civiles, «que al final no sirve de nada porque los procesos son lentos».
Igualmente, resaltó que el descenso de estas sentencias no está relacionado con los impagos de la renta del alquiler de las personas o familias «honestas», que representan la «media» de ciudadanos españoles: «Son los que, cuando por motivos económicos, no pueden seguir afrontando el pago de un alquiler o hipoteca, pero directamente abandonan la casa voluntariamente sin causar problemas y sin actuar como los ‘jetas’, por lo que no suelen ser denunciados por el propietario», matizó.
Por provincias, León y Valladolid sumaron la mitad de este tipo de causas, con 330 y 273, respectivamente, cifras que supusieron descensos del 19,7 y 21,1 por ciento. Asimismo, las sentencias por arrendamientos de vivienda disminuyeron en Soria (67,5 por ciento), hasta las 12 en 2009; Palencia (22,3 por ciento), hasta las 87; Burgos (19,2 por ciento), con 164; Salamanca (13,6 por ciento menos), hasta las 171; y Zamora, la que menos descendió en el número de causas abiertas por este aspecto (1,5 por ciento).
Por su parte, aumentaron Ávila, que con 92 sentencias creció un 26 por ciento, y Segovia, que con un 12,2 por ciento más alcanzó las 101. En todas las provincias la mayor parte de los dictámenes se deben a litigios abiertos por falta de pago o fianza, y sólo cuatro por denegación de la prórroga (tres en León y una en Palencia).

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