La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, con gesto preocupado durante la rueda de prensa. / ICAL

La Junta prevé un ahorro de 110 millones con la reducción en un cinco por ciento de la nómina de los empleados públicos y de un 15 y 10 por ciento para los miembros del Gobierno y de las instituciones de autogobierno.
Así lo manifestó la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo que recordó que el recorte en un cinco por ciento de la masa salarial de los empleados públicos, que se materializará a finales de junio, es de obligado cumplimiento hasta final de año y en 2011 los sueldos permanecerán congelados.
En el caso del presidente de la Junta, consejeros y miembros de las instituciones de autogobierno (Consejo de Cuentas o Consejo Consultivo) y de la Mesa de las Cortes y portavoces de los grupos, la consejera de Hacienda recordó que en el último presupuesto se acordó una equiparación del sueldo del presidente a la de un ministro y la de los consejeros y miembros de la Mesa y portavoces a la de un secretario de Estado.
Como el Gobierno aplica un recorte del 15 por ciento al sueldo de los ministros y del 10 por ciento al de los secretarios de Estado, Del Olmo precisó que también se cumplirá aquí para el presidente de la Junta y presidentes de las instituciones de autogobierno de la Comunidad, así como para los consejeros, miembros de la Mesa de las Cortes, portavoces de los grupos parlamentarios y consejeros del Consultivo y de Cuentas.
Respecto a la posibilidad de reducir el número de consejerías, como se anunció en Castilla-La Mancha, el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, afirmó que en Castilla y León hay una «estructura muy medida y tasada». En este sentido, mantuvo que algunas comunidades han reducido su administración porque era más amplia e insistió en el mensaje que trasladó durante su comparecencia en que no se puede medir con la misma vara a todos los gobiernos regionales porque no todos han actuado de la misma manera.
De Santiago-Juárez defendió, al respecto, la austeridad de la Junta también en el número de empresas públicas y de fundaciones, inferior al de otras comunidades.