Francisco Javier Álvarez Guisasola (c) preside la segunda reunión del Observatorio. / Ical

El plan puesto en marcha por la Consejería de Sanidad para frenar las agresiones a los profesionales del Sacyl logró reducir, durante el segundo semestre de 2009, en un 22 por ciento este tipo de incidentes al pasar de los 190 casos durante la primera parte del año a los 148, según apuntó el responsable del ramo, Francisco Javier Álvarez Guisasola durante la segunda reunión del Observatorio de Agresiones al Personal de las Instituciones Sanitarias de Castilla y León.
El informe destaca que en el último ejercicio resultaron agredidos 408 profesionales por parte de pacientes o acompañantes que derivaron en 87 denuncias, de las que a día de hoy 63 cuentan con sentencia, 53 de ellas condenatorias. Además, cinco sentencias concluyeron en penas de prisión, que se suman a otras dos dictadas en los años 2007 y 2008, fecha en la que la Gerencia Regional de Salud comenzó a remitir a la Fiscalía las denuncias presentadas, con el fin de que ésta inste a los tribunales a calificarlas como delito de atentado contra un funcionario público.
En este sentido, la Álvarez Guisasola anunció que revisará la lista de puntos «rojos» conflictivos y continuará implantado medidas de seguridad para evitar las agresiones. En concreto, un vez completado el análisis y el estudio de incidentes en todos los centros de Sacyl, el consejero explicó que se va a definir una nueva relación de lugares conflictivos, teniendo en cuenta que en diez de los 45 incluidos en la primera relación no hubo ningún problema, y en otros 17 sólo hubo uno y de carácter leve. Para esta nueva relación, la previsión es mantener como conflictivos los servicios de Psiquiatría, Urgencias, módulos penitenciarios y uvis móviles, así como los centros de Primaria donde se haya producido más de un incidente, se haya agredido a más de un profesional o se registrara alguna agresión física.
Además, este año la Consejería continuará implantando medidas de seguridad, tanto pasivas (pulsadores automáticos y videocámaras), como activas (vigilantes de seguridad), para lo que existe un presupuesto de 200.000 euros. Hasta la fecha, ya existen dispositivos de alarma en 120 centros de salud y videocámaras, mientras que todos los hospitales y 18 centros de Atención Primaria cuentan con vigilancia de seguridad. Estas medidas se implantan en los centros con mayor incidencia de agresiones y en los servicios hospitalarios de Urgencias y Salud Mental.

Informador

Junto a estas iniciativas, el plan permitirá la implantación progresiva de otras de carácter organizativo, como la figura del ‘informador de urgencias’, que se ha puesto en marcha en tres hospitales con «muy buenos resultados», así como la creación de unidades de atención al usuario; instauración del triaje y protocolos de comunicación de demoras. Estas iniciativas, que ya funcionan en varios puntos, junto a las medidas de seguridad han supuesto un desembolso de 6,49 millones, según el consejero.
Además, desde la firma del Pacto, la Consejería de Sanidad ha programado 336 cursos de prevención de agresiones, de los que se han beneficiado 8.190 trabajadores, con un presupuesto que ronda el medio millón de euros. Incluyen materias como habilidades de comunicación, asertividad, empatía y escucha activa; así como prevención de agresiones en el entorno de las instituciones sanitarias; técnicas de detección de conductas violentas, y manejo de pacientes con problemas psíquicos.