El Tribunal Supremo será desde ahora la tercera instancia judicial implicada. / EFE

La investigación judicial por el caso Gürtel continúa atomizándose, lo que incrementa de manera casi exponencial su complejidad y promete retrasar muchos meses, si no años, cualquier resolución al respecto. Si hasta ayer eran los tribunales superiores de Madrid y Valencia quienes acogían partes del conjunto del sumario que investiga la red de tráfico de influencias dirigida por el empresario Francisco Correa, ahora otra porción de las actuaciones viajará también hasta el Supremo, que se ha declarado competente para esclarecer las acusaciones contra el tesorero y senador del PP Luis Bárcenas y el diputado Jesús Merino.
El alto tribunal, que entra en juego habida cuenta de la condición de aforados nacionales de ambos sospechosos, considera que existen indicios suficientes de que pudieron cometer delito fiscal y cohecho, aunque descarta acusarles por blanqueo de capitales o por pertenecer al entramado de tráfico de influencias.
Y, aunque semejante decisión era previsible, no sucede lo mismo con el rechazo del Supremo a asumir la instrucción en la parte que atañe al resto de acusados madrileños que, si bien no son aforados de ámbito estatal, sí habrían protagonizado conductas muy vinculadas con ellos, tanto temporal como territorialmente, lo que inducía a pensar que, con una simple apelación a la lógica, debían formar parte de un único paquete que recayese en conjunto en el Supremo. Ello se traduce en que ya son tres las instancias implicadas.
A la hora de hacerse cargo de las pesquisas sobre Bárcenas, el Supremo sostiene que las anotaciones existentes en los documentos intervenidos en el registro del piso perteneciente a la red de Correa y las que resultan de la contabilidad intervenida «son indiciariamente expresivas de la recepción de cantidades económicas, y destaca que «se identifica su nombre, con sus iniciales, con su apellido o con la expresión Luis el cabrón empleada en la causa».
En cuanto a Merino, el auto explica que «los indicios de la realidad de las percepciones resultan de una doble fuente», por un lado de la documentación intervenida en los registros y, por otro, de un soporte informático con la contabilidad oculta del grupo Correa. «Como quiera que esas cantidades no se corresponden con actividades profesionales que puedan justificar su recepción», los indicios sobre la comisión de un delito de cohecho resultan, en principio, suficientes.
En Génova la noticia fue acogida con «tranquilidad» porque, a la espera de conocer los detalles de la resolución, el Supremo deja claro que «no hay una causa general» contra el PP, tesis que sí sostenían el juez Garzón y la Fiscalía.
En cuanto a las posibles medidas disciplinarias contra los imputdos, los populares mantenían su cautela, aunque cabe recordar que, a comienzos de esta semana, el presidente de los conservadores, Mariano Rajoy, afirmó que, para actuar, necesita «alguna prueba» y que, hasta entonces, tiene que ser «obligatoriamente justo».