Villarejo seguirá en prisión y el juez pone un millón de fianza a su socio

El magistrado entiende que el comisario jubilado, quien facturó 5,5 millones de euros en informes a sus clientes, presenta un alto riesgo de fuga por su patrimonio en el extranjero

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El comisario jubilado José Manuel Villarejo se encuentra en prisión preventiva desde el 5 de noviembre de 2017. / EFE
El comisario jubilado José Manuel Villarejo se encuentra en prisión preventiva desde el 5 de noviembre de 2017. / EFE
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El juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea volvió a rechazar la puesta en libertad del comisario jubilado José Manuel Villarejo, investigado en la Audiencia Nacional por cohecho y revelación de secretos, entre otros delitos, al entender que “siguen concurriendo los presupuestos” legales para mantenerle en prisión preventiva, donde permanece desde el pasado 5 de noviembre. A su socio, el abogado Rafael Redondo, el juez le da un plazo de siete días para depositar una fianza de un millón de euros que le permita eludir la medida preventiva.

Por otra parte, el juez levantó el secreto sobre tres de las seis piezas de las que se compone la causa, la principal llamada ‘King’, la denominada ‘Pintor’ por la que a principios de agosto fueron detenidos entre otros el empresario Juan Muñoz —esposo de la periodista y productora Ana Rosa Quintana—, y ‘Land’, que investigaba a los dueños de la lujosa urbanización de Pozuelo de Alarcón (Madrid) La Finca, Francisco Lorenzo Peñalver y Susana García Cereceda, sobre quienes se ha levantado la imputación.

En relación a Villarejo, el juez argumenta en su auto que se le investiga por delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, y blanqueo de capitales (en la causa principal), así como por descubrimiento y revelación de secretos y extorsión. Añade que, de las indagaciones, resulta que su actuación era principal o medular en el desarrollo de una organización que realizaba informes de consultoría, inteligencia, vigilancia, y recibiendo como contraprestación fondos de los clientes, dinero que pudo tener un recorrido ilícito tras varias operaciones bancarias en Uruguay o Panamá.

Por ello, el juez cree que la prisión incondicional resulta para él “absolutamente proporcionada a la gravedad de los delitos presuntamente cometidos y a las penas que se pudieran imponer en una eventual sentencia condenatoria”, de modo que no ha disminuido el riesgo de fuga, máxime con los activos patrimoniales de gran valor que tiene en el extranjero.

Según la investigación, las sociedades instrumentales creadas por su mano derecha Redondo ayudaron a canalizar capitales “de presunto origen criminal para realizar inversiones y gasto en España y en el extranjero, y habrían facturado 5,5 millones de euros”.

Para el juez central de Instrucción número 6 el riesgo de fuga en Villarejo no se puede entender disminuido, por el mero hecho de haber transcurrido 9 meses desde su ingreso provisional. Hay que tener en cuenta la existencia de activos patrimoniales de gran valor económico en el extranjero, así como la existencia de líneas de investigación abiertas “que deben de seguir aseguradas con la medida cautelar de prisión provisional del investigado”. El juez habla asimismo de “incautaciones de material documental e informático en los registros practicados y la pendencia de Comisiones Rogatorias en el extranjero en distintos países”.

Liderazgo

A todo ello se une que Villarejo presenta una actuación principal en los hechos que se investigan “tanto por su intervención medular” como a la “intensa repercusión que por su propio liderazgo ha tenido en cada uno de dichos periodos”. En todos ellos, la investigación está acreditando el modo en el que el comisario ahora jubilado realizaba “informes de consultoría, de inteligencia, de vigilancia y recibiendo como contraprestación fondos de los clientes de sumas de dinero”, utilizando para todo ello el Grupo Empresarial CENYT.

Se ha de presuponer, continúa el juez, que los fondos entregados “terminaran su recorrido lícito o ilícito para integrarlo en el circuito económico legal, tras la realización de diversas operaciones bancarias a través de distintos países como las repúblicas de Uruguay y de Panamá, suponiendo con ello la repatriación de los fondos recibidos”.

Así, los hechos investigados podrían ser calificados según el juez, e indiciariamente, de delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, blanqueo de capitales —todos ellos derivados de la causa principal—, a los que tenemos que añadir indicios racionales de la participación del comisario “en nuevas infracciones penales como son el delito de descubrimiento y revelación de secretos y el delito de extorsión”.

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