Una verdad 11 años aplazada

La viuda de un edil del PP asesinado necesitó una década para poder contárselo a sus hijos.

El terrorismo no solo resulta pernicioso por su capacidad casi infinita de amedrentar a la sociedad y generar un clima de miedo en el que es imposible desarrollar una convivencia democrática, sino que, además y sobre todo, arruina vidas. En su delirante sinrazón asesina, ETA apenas consigue arañar la superficie del Estado y las instituciones, bastante más fuertes que ella, pero sí es capaz de hacer mucho daño a ciudadanos como la viuda del concejal del Partido Popular José Ignacio Iruretagoyena y su familia.

La esposa del político conservador, que fue asesinado por la banda en 1998 en Zarauz, explicó ayer ante la Justicia que, hasta este mismo año, ha sido incapaz de contar siquiera a sus hijos cómo murió su padre. Aún hoy, solo el mayor, que acaba de cumplir 16, sabe una amarga verdad que todavía le está vedada al benjamín, de 13.

«No lo hice antes porque primero necesitaba estar yo bien, y no lo estaba», declaró emocionada la mujer durante el juicio celebrado en la Audiencia Nacional contra Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, e Irantzu Gallastegi Sudupe, Amaia, por el asesinato de su marido.

Según las peticiones del Ministerio Público, ambos criminales, miembros por entonces del comando Donosti, decidieron atentar contra Iruretagoyena aprovechando los datos que les había facilitado el también etarra Gregorio Escudero Balerdi, ya condenado por estos hechos, y que ayer negó en su comparecencia como testigo cualquier implicación.

De acuerdo con el relato de los hechos aportado por la Fiscalía, el 8 de enero de 1998 Escudero trasladó a los dos procesados desde Andoain al apeadero de la estación de Añorga, desde donde ambos fueron en tren a Zarauz para localizar el vehículo del concejal, en el que Amaia colocó un artefacto explosivo compuesto por unos dos kilos de amosal y cloratita, mientras Txapote vigilaba.

A la mañana siguiente, siguiendo su rutina habitual, Iruretagoyena cogió el automóvil para ir a trabajar, y el artefacto explotó pocos instantes después causando la muerte al concejal del PP y heridas de diversa consideración a otra persona.

Nuevo espectáculo

Los dos acusados, que, siguiendo las consignas de la organización criminal, se negaron a declarar, fueron reprendidos varias veces por el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, que les reprochó que estuvieran charlando, sentados en el banquillo de la urna de cristal blindado desde donde seguían la vista sin prestar la más mínima atención al transcurso de la sesión.

Cuando el magistrado les conminó a que guardaran silencio, Txapote replicó que «eso está en nuestra mano y no en la suya», por lo que Hurtado ordenó a los agentes presentes en la sala que sacaran a Amaia de la pecera para sentarla en la sala. La medida no sirvió de gran cosa, porque ambos, que son pareja sentimental, siguieron comunicándose mediante gestos durante toda la sesión.

Finalmente, el juez decidió expulsar a la procesada después de que se levantara a abrazar a Escudero cuando entró para declarar como testigo, aunque los policías malinterpretaron la orden y la devolvieron primero al recinto blindado, donde su compañero la recibió con risas y un beso.

El de ayer no es el primer juicio en el que García Gaztelu y Gallastegi -que cumplen condenas que suman 307 y 160 años de cárcel, respectivamente- se sientan juntos en el banquillo de los acusados, pues ya fueron juzgados en 2006 por los asesinatos del concejal del PP Miguel Ángel Blanco y del edil socialista José Luis Caso.

A tan dilatadas penas el fiscal pide ahora que se sumen otros 61 años por la muerte de Iruretagoyena y como responsables de los delitos de estragos terroristas, asesinato y lesiones.

El acusador solicita asimismo que ambos asesinos abonen una indemnización de 300.000 euros a la viuda e hijos de la víctima, cantidad que el abogado que representa a la familia eleva hasta un millón de euros.

Y mientras Txapote y Amaia se burlaban de la Justicia en Madrid, en París otra pareja de terroristas, Julen Eizaguirre y Ángela Aramendi, escuchaban el veredicto que les condena a 12 años de cárcel por conformar una unidad del aparato logístico de ETA dedicada a la compra de material electrónico y a la confección de dispositivos de activación de explosivos. El Tribunal de lo Criminal de la capital gala ha establecido que dos tercios del total de la pena deberán ser de cumplimiento efectivo, y que, cuando salgan de prisión, sean expulsados para siempre del país vecino.

FuenteAgencias  París
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