La presidenta del Congreso, Meritxell Batet. / EFE
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La Mesa del Congreso de los Diputados se dispone a tomar hoy, último día de la campaña electoral del 26M, una decisión sobre si procede suspender o no a los diputados catalanes en prisión preventiva, pero lo hará en un clima de división porque no existe coincidencia ni en el proceso, mediante un informe de los letrados, ni en los plazos.

Primera reunión de la Mesa en la legislatura y primer lío jurídico precisamente por el punto que no estaba en el orden del día: el futuro parlamentario de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull.

PP y Cs habían redoblado la presión al presentar sendos escritos con los que solicitaban la suspensión inmediata, pero, además, el Tribunal Supremo ha contestado la consulta que trasladó la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, sobre el precepto legislativo que había que usar para dicha suspensión.

En la respuesta, de dos párrafos, el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, devuelve la responsabilidad de la decisión al Congreso.

Recuerda que así lo transmitió en un oficio remitido a la Cámara el pasado viernes y destaca que redactar un informe como el que pide Batet sólo lo puede llevar a cabo el servicio jurídico del Congreso. “Ya dispone de un equipo de letrados para tal fin y no es una competencia o tarea que deban hacer los magistrados”, afirma Marchena.

Con estos precedentes, en un clima muy tenso, se reunió la Mesa durante tres horas.

Finalmente, avaló por mayoría, pero sin votación, encargar un informe a los servicios jurídicos de la Cámara para que señale qué fundamentos hay en el Reglamento del Congreso y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) para determinar que los cuatro diputados en prisión han de ser suspendidos.

La opción del informe estuvo avalada por los representantes del PSOE, tres, incluida la presidenta, y por los de Unidas Podemos, dos, pero no por los del PP (dos) y Cs (dos).

Hasta tener ese informe, Batet no quiere motivar ninguna decisión porque, como explicó, el Congreso no puede adoptarlas de manera “discrecional” ni “en ningún caso, política”. Tiene que estar amparada por el ordenamiento jurídico.

Evitó, así, tomar una decisión que era por lo que clamaban PP y Cs hasta el punto de que el secretario general del PP, Teodoro García Egea, sugirió que, de no tomarse hoy, Batet podría estar incurriendo en prevaricación.

En la formación de Albert Rivera la protesta se ha movido en el terreno político y el propio líder exigió en su cuenta de Twitter que tanto Pedro Sánchez como Batet “obedezcan” al Supremo y se suspenda ya a los diputados presos.

Convocatorias

La decisión llegará hoy porque se reunirá la Mesa otra vez, tal y como avanzó la presidenta del Congreso; la previsión es que el órgano de gobierno “esté en condiciones” de tomarla, dijo. En consecuencia, la idea es que haya decisión antes de las elecciones europeas, autonómicas y municipales.

Tanto el encargo del informe como la idea de que la decisión se adopte hoy provocaron las discrepancias esperadas de PP y de Cs, pero también de Unidas Podemos, cuyos representantes en la Mesa, Gloria Elizo y Gerardo Pisarello, manifestaron su contrariedad por la convocatoria de la reunión tan solo 24 horas después, destacaron fuentes conocedoras de la reunión.

A ambos, recalcan las fuentes, les sorprendió que el PSOE “de pronto” tuviera tanta prisa, ya que el análisis del informe debería requerir más tiempo.

La Mesa, aparte de la situación de los presos, abordó cuestiones formales en las que hubo acuerdo, como emplazar a después de la investidura la solemne sesión de apertura de la legislatura, que preside el Rey, y ampliar dos días el plazo de registro de los grupos parlamentarios, que en vez de acabar el lunes próximo, acabará el miércoles.

La presidenta del Congreso comunicará la lista al jefe del Estado para que comience, cuando estime, la ronda de consultas previa a la sesión de investidura. A esa ronda, JxCat ha dicho que enviará a Jordi Sànchez. ERC ha anticipado que no irá.