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El juicio de la conocida como pieza política de la causa de los ERE presuntamente irregulares llegaba a su fin el pasado lunes después de juzgar durante un año a 22 exaltos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y la gestión que distintos gobiernos autonómicos llevaron a cabo durante una década en la concesión de ayudas sociolaborales.

El 13 de diciembre de 2017, el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, comenzaba a juzgar a 22 —21 tras la exclusión del ex secretario general de Hacienda Antonio Estepa— exaltos cargos socialistas por delitos de prevaricación y malversación por el denominado procedimiento específico por el que la Junta concedía las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por procesos de regulación de empleo y a empresas en crisis con fondos del programa presupuestario 31L que gestionaba la Dirección General de Trabajo.

¿Ayudas o subvenciones?

Además de la cuestión jurídica de la legalidad de las transferencias de financiación, el tribunal deberá abordar también la legalidad de las ayudas de por la Junta y la naturaleza de las mismas. Defensas como la Antonio Fernández o Guerrero han puesto el foco en la legalidad de las mismas amparándose en la Orden Ministerial de 1995 del Gobierno. Y de nuevo existe una teoría contraria por la acusación, que de la mano de la IGAE, señala que son subvenciones y se otorgaron en base al Título VIII de la Ley General de Hacienda, el decreto 254/2001 de Reglamento de Subvenciones y la Ley General de Subvenciones de 2003, y se dieron “sin procedimiento legalmente establecido”. El principio ‘non bis in ídem’, por el que un acusado no puede ser acusado dos veces por los mismos hechos y en base al que la Sección Séptima de la Audiencia está excluyendo a muchos de estos encausados en otras piezas separadas de los ERE, ha sido traído en repetidas ocasiones por las defensas en sus informes finales para criticar la actuación de la Fiscalía y su insistencia de acusar por los mismos fondos en este proceso y en los restantes. Éstas serán algunas de las cuestiones que tendrán que analizar minuciosamente el tribunal para dictar sentencia, cuyo ponente es el magistrado Juan Antonio Calle, quien no tardará menos de seis meses en dictar la sentencia.

 

Ayudas que pagaba el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), posterior Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), en virtud del convenio marco firmado en julio de 2001 entre el exconsejero de Empleo José Antonio Viera y el expresidente del ente y exviceconsejero del ramo Antonio Fernández. Este ente recibía los fondos del 31L a través de transferencias de financiación, eje sobre el que se ha vertebrado el juicio. La Sala, entre otras cuestiones, tendrá que dirimir la legalidad o no del uso de las transferencias de financiación para allegar fondos a esta empresa pública.

Acusados, testigos y, sobre todo, peritos han expuesto sus criterios a este respecto. Así, durante seis semanas, nueve peritos debatieron y rebatieron sobre el famoso artículo 18 de la Ley 15/2001 de acompañamiento a los presupuestos de 2002.

Prueba impugnada

La prueba “estrella”, impugnada por la defensa del exconsejero Gaspar Zarrías, dejó en evidencia desde el primer día donde estaba el ‘quid’ del debate. Según la IGAE, el referido artículo sólo permitía usar las transferencias de financiación para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias de las empresas públicas. Y este argumento fue usado por estos peritos para defender su tesis de engaño al Parlamento, inducido por la Junta para que aprobase año a año los presupuestos destinando estos fondos a IFA/IDEA sin conocer que eran para pagar las ayudas de los ERE.

Ni ilegalidad ni engaño al Parlamento, han asegurado desde la bancada de los abogados de los acusados, mientras los fiscales anticorrupción Manuel Guerra y Juan Enrique Egocheaga y los abogados del PP-A han insistido de manera firme y reiterada en que el uso inadecuado de las transferencias permitió dar las ayudas sin la obligatoria fiscalización a la que tiene que estar sometido todo gasto público.