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La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado los 70 años y medio de cárcel para Antonio Ortiz, conocido como el pederasta de Ciudad Lineal, avalando así el fallo de la Audiencia Provincial de Madrid del pasado mes de febrero, que le condenó como autor de cuatro delitos de agresión sexual y cuatro delitos de detención ilegal, dos de ellos en concurso ideal con la agresión sexual.

La Audiencia también le condenó por dos faltas y un delito de lesiones cometidos contra cuatro menores, de entre 5 y 9 años, entre el 24 de septiembre de 2013 y el 22 de agosto de 2014 en Madrid. El condenado también tiene que pagar una indemnización de 425.000 euros a las víctimas en concepto de responsabilidad civil.

Según fuentes del Supremo, la Sala ha desestimado los catorce motivos alegados por el condenado en el recurso de casación. Así, concluye que la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que le impuso la condena valoró “prueba de cargo válida, de neto valor incriminatorio” y, además, “con un razonamiento impecable que excluye todo asomo de vulneración del derecho constitucional a la presunción de inocencia”.

En su recurso, la defensa mantenía que no se podía sostener la autoría del acusado respecto de todos los hechos denunciados por las cuatro niñas. Sobre esto, el tribunal afirma que lo verdaderamente definitivo para proclamar la responsabilidad de Antonio Ortiz ha sido la firmeza en la identificación del procesado por las menores que fueron agredidas.

Aparte de ese “sólido cuerpo probatorio”, explica la Sala, hay otros elementos de corroboración, como son, de una parte “la constatación de que la metodología empleada por el acusado para acercarse a las menores, su traslado a un lugar previamente seleccionado y las sevicias a las que sometió a cada una de aquéllas, presentan puntos en común que refuerzan la idea de una misma mano”.

Además, el examen de la señal emitida por las antenas BTS de telefonía móvil permite concluir que, tanto en el momento de ejecución de los hechos como en el del abandono de las niñas, la ubicación geoespacial del procesado era, no ya compatible, sino que se ajusta a la localización de los hechos, como habían sido denunciados.

Pruebas de adn

En relación con la validez de la prueba del ADN que permitió identificar restos genéticos de Antonio Ortiz, cuestionada por el condenado en su recurso, la Sala explica que la sentencia recurrida descartó cualquier riesgo de confusión o duda que pudiera implicar a otra persona que participara, por razón de una ascendencia común, de esos mismos haplotipos.

La sentencia destaca que la policía científica o judicial que recogieron las huellas, los médicos forenses y los facultativos que realizaron los dictámenes, dieron fundadas explicaciones a cuantos temas se suscitaron en el juicio, por lo que rechaza el motivo en el que se alegaba indefensión por no admitir una prueba explicativa de aspectos técnicos de la identificación genética.

La Sala también rechaza la alegación de la defensa de que unas declaraciones del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz —denunciado por injurias y revelación de secretos—, identificando a Ortiz como ‘el pederasta de Ciudad Lineal’ en una rueda de prensa, vulnerasen sus derechos a la presunción de inocencia y a la prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos. Añadía el abogado que las ruedas de reconocimiento realizadas en sede judicial no podían por ello ser valoradas como medio de prueba.