El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió ayer mantener las exportaciones de armamento a Arabia Saudí por “responsabilidad”, sin perjudicar a la industria de defensa española y asegurando los empleos de Navantia en la Bahía de Cádiz.
“Tengo que estar hoy y aquí en la defensa de los intereses de España, de sus intereses estratégicos, que además están situados en zonas muy afectadas por el drama del desempleo”, dijo en su comparecencia en el pleno del Congreso para dar cuenta de las relaciones comerciales de España con Arabia Saudí en materia de armamento.
El jefe del Ejecutivo pidió al hemiciclo “altura de miras” para compartir esta visión e insistió en que su obligación es “conciliar intereses”. “Siempre he pensado que la política es intentar convertir ideales en realidades”, dijo reconociendo que esto “no siempre se puede conseguir” o en ocasiones “lleva más tiempo de lo que alguien pudiera desear”.
Así, garantizó el compromiso del Gobierno con la defensa de los derechos humanos, la paz y la libertad y aseguró que seguirá actuando por esta senda. Pero remarcó que el Ejecutivo también debe tener en cuenta los intereses de las empresas españolas con relaciones comerciales con otros países, a los ciudadanos españoles y la necesidad de mantener sus puestos de trabajo.
Sánchez hizo así alusión a su obligación de “conciliar intereses” y defender los de España, en alusión al contrato que Arabia Saudí tiene firmado con Navantia para la construcción de cinco corbetas en la Bahía de Cádiz, por un importe de 1.800 millones de euros que generará 6.000 puestos de trabajo en cinco años.
El presidente del Gobierno recordó que en este debate ha irrumpido el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi, un hecho que calificó de “terrible” y condenó “sin paliativos”, para el que pidió una investigación que esclarezca los hechos y la actuación judicial “para que caiga el paso de la ley sobre los responsables”.
Sin embargo, cree que esto “no puede impedir que se actúe con responsabilidad”. Este caso es, para Sánchez, un “claro ejemplo de la complejidad de la política” que lleva a “entender las prioridades de la gestión pública”.
En este contexto, defendió que España cuenta con “un completo marco legal” para las exportaciones de material de defensa, acorde con “los más exigentes” estándares internacionales y siguiendo los criterios de la Unión Europea, la OSCE y los tratados de no proliferación de armas.
“La autorización de material de defensa está sujeta a requisitos equiparables, si no superiores, a los existentes en cualquier otro país de nuestro entorno”, insistió, reconociendo que esto no excluye sin embargo la posibilidad de incluir mejoras si es necesario para adoptar “garantías adicionales”.
Seguridad jurídica
E incluyó en este ámbito el contrato de venta de 400 bombas a Arabia Saudí que desencadenó la polémica en España al rectificar el Gobierno el anuncio de la ministra de Defensa, Margarita Robles, de suspender su exportación por el peligro de que fueran usadas en la guerra de Yemen.
Sánchez recordó que esa operación fue autorizada en 2015 por la junta interministerial encargada de su análisis, la JIMDDU, y confirmada en los años 2016 y 2017. Por ello, defendió que son contratos “en vigor” que cumplen la normativa y “no entran en contradicción” con las resoluciones de Naciones Unidas.
“Son obligaciones contraídas por un Gobierno anterior que cumplen con los requisitos internacionales”, enfatizó volviendo a su “deber” de “velar por la seguridad jurídica y dar certidumbre en cumplimiento de las obligaciones internacionales de España”.
En este punto, preguntó si “alguien duda” de los principios progresistas de los alcaldes de la Bahía de Cádiz, entre los que se encuentra José María González, ‘Kichi’, de Podemos. Y recordó que ellos conviven con una necesidad de “paz inmediata” representada por los puestos de trabajo de Navantia.
Sánchez insistió así en su obligación de gobernar mirando “a largo plazo” y apeló al consenso para “salvaguardar” las relaciones internacionales de España.
