Carles Puigdemont durante su rueda de prensa desde Berlín.
Carles Puigdemont durante su rueda de prensa desde Berlín. / efe
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El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont anunció ayer que fijará su residencia en Berlín hasta que termine el proceso judicial en Alemania, pero después su intención es volver a instalarse en Bélgica para formar el gobierno “legítimo” de la república en el exilio.

En una rueda de prensa celebrada en Berlín, Puigdemont explicó que intentará regresar a la “normalidad” tras su salida de prisión este viernes, así como que seguirá defendiendo tanto los derechos de los catalanes como los suyos propios.

“Tengo que vivir en Berlín porque así lo han comunicado las autoridades alemanas y voy a cumplir con lo impuesto por la justicia del país. Me tengo que adaptar a las circunstancias y Berlín es un lugar provisional”, detalló.

Además, indicó que respeta las decisiones que tomen todos los gobiernos europeos, ya sea alemán, belga, sueco, finlandés o suizo. “Por su puesto voy a respetar la posición de todos los gobiernos y en cualquier circunstancia. Creo en la democracia europea”, subrayó.

Por otro lado, volvió a instar al Gobierno a “cambiar de actitud”, a resolver el conflicto catalán por la vía política y reclamó la legitimidad del número dos de JxCat, Jordi Sànchez, para ser candidato a la presidencia de la Generalitat.

También acusó al Estado de “interferir” en el Parlament, y reclamó a éste que respete los derechos de Sànchez como candidato. “Tiene intactos sus derechos y por tanto puede ser elegido presidente”, apuntó.

El expresidente catalán recalcó que los tres candidatos propuestos para dirigir la Generalitat han terminado en prisión, y pidió un cambio de actitud al Gobierno, con el que tiene la “oportunidad de reforzar su imagen exterior”.

Así, defendió que el Estado español no “entorpezca” la responsabilidad de Parlamento catalán y que así la institución pueda debatir “sin restricciones” el nombramiento del presidente de la Generalitat de Cataluña, “que es lo que establece la ley”.

Para resolver el conflicto catalán, Puigdemont pidió herramientas políticas y que el Gobierno acepte la mediación internacional.
“Necesitamos a alguien que medie. Necesitamos negociar. Si dos partes son incapaces de empezar un diálogo es un indicio de que será obligatorio pedir ayuda a otros países u organizaciones internacionales”, resaltó el expresident.

El expresidente de la Generalitat reclamó al Estado que permita la investidura del diputado de JxCat Jordi Sànchez como presidente de la Generalitat: “Ya no hay excusa posible”.

En este sentido, defendió que Sànchez tiene “intactos” sus derechos y que la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU instando a España a garantizar sus derechos políticos avala que pueda ser investido.

Cambio de actitud

Puigdemont pidió un cambio de actitud al Estado “si quiere comportarse como un estado de derecho” y señaló que la resolución de la ONU es una oportunidad para que el Estado refuerce su imagen exterior.

Así, acusó al Estado de bloquear la investidura y de intentar “subvertir los resultados y conseguir en los despachos y las cárceles lo que no han conseguido en las urnas”.

Igualmente, criticó que, a su juicio, el Estado ha interferido en la política catalana al no permitir su investidura y la de Sànchez, y señaló que “ha impedido de manera ilegal el derecho a la participación” de diputados electos por la población.

“Tenemos que reclamar al Estado que cambie de actitud, que deje de entorpecer la responsabilidad del Parlament”, añadió.

Puigdemont confió en que los partidos independentistas lograrán la mayoría suficiente para investir a Sànchez y que el Estado aprovechará la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU para permitir su investidura.

“Sería un buen comienzo que con la excusa de la resolución de la ONU permitiera la investidura”, dijo.

El también diputado de JxCat aseguró que no renunciará a su acta de diputado: “Yo no tengo por qué renunciar, a mi me escogieron los ciudadanos de Cataluña”.