PSOE y PP trabajan para evitar que Batasuna se cuele en las elecciones

Ambas formaciones temen que los ‘abertzales’ concurran a las municipales de 2011 bajo otras siglas, por lo que plantean una modificación de la ley para limpiar determinadas listas

El Gobierno y el PP tienen previsto iniciar esta semana los contactos para endurecer la Ley Electoral con el objetivo de impedir que Batasuna concurra a las elecciones a través de otras siglas, según informaron fuentes populares. Entre los medidas que se han marcado desde Génova, se encuentra la de impedir que la izquierda abertzale pueda colonizar las listas de otro partido legal para burlar la normativa, sin necesidad de ilegalizar a este último, y también agilizar la posibilidad de disolver ayuntamientos si estos están gobernado por una formación que no se desvincula de la violencia.

El Ejecutivo quiere endurecer la Ley Electoral General con el fin de impedir que los radicales estén en los comicios municipales y forales de mayo de 2011. Estas propuestas, pilotadas por el Ministerio de Interior, fueron acordadas en Consejo de Ministros el pasado 26 de marzo; sin embargo, el PP las considera «necesarias», pero «no suficientes» y, por ello, está preparando un documento con todas sus propuestas de «refuerzo».

De este modo, los conservadores aportarán varias ideas, pero la de mayor calado se centra en evitar que las listas de EA sean colonizadas por Batasuna. Sin embargo, quieren plantear una fórmula que evite tener que ilegalizar este partido. Las mismas fuentes explicaron que se ha estado analizando si era posible «expurgar» o «limpiar» una lista electoral, pero manteniendo el resto de los aspirantes, pero llegaron a la conclusión de que podría plantear problemas de constitucionalidad.

Por eso, una de las posibilidades por las que se ha optado, es la de poder declarar la nulidad de la candidatura, pero sin ilegalizar las siglas de la formación que la sustenta. De hecho, el propio fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, realizó recientemente un planteamiento que podría ir en esa misma dirección. Propuso así establecer por ley que, además de listas, se puedan impugnar «candidaturas aisladas», en el caso de que en un partido que en su conjunto sea «legal» y «democrático» y no pudiera ser ilegalizado, «se incrustase alguna candidatura fraudulenta de Batasuna».

Respecto a la manera de evitar que los abertzales tengan representación en los ayuntamientos, el PP contempla una fórmula más segura para disolver consistorios en caso de que éstos estén gobernados por un partido ilegalizado o que no se desvincule de la banda terrorista. Además, los populares plantearán una propuesta más directa para que el electo pierda el escaño y es que «la declaración de ilegalidad (de un partido político) arrastre a los que tengan escaño a las consecuencias de pertenecer a una asociación ilícita».

La fórmula que aprobó el Consejo de Ministros contempla que, si un bloque es ilegalizado después de celebrarse los comicios, sus concejales, diputados o parlamentarios tendrán que hacer una declaración de «rechazo y repulsa» expresa de «las causas que motivaron la expulsión de la formación bajo cuya lista concurrió».

En caso de no realizarlo así, perderán el escaño. Además, la propuesta gubernamental incluye un plazo de 15 días naturales para realizar esta declaración, desde que la Administración Electoral comunique al interesado la concurrencia de esta causa de incompatibilidad. Sin embargo, la propuesta del PP quiere que este proceso sea automático y que la «declaración de ilegalidad» de un partido «arrastre» a quien posea el escaño a «las consecuencias de pertenecer a una asociación ilícita».

Por otro lado, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, calificó de «paso significativo» la carta que firman ocho presos históricos de la banda terrorista ETA en la que piden la reparación y reconocimiento a las víctimas del . Consideró, asimismo, que esta opinión es «más amplia y más pública que nunca» en el entorno de los presos etarras, porque saben que «ya no va a volver a haber otro proceso de diálogo».

El socialista explicó que hay un sector de internos que ya han mostrado sus diferencias con la dirección de la banda terrorista «y otros bastantes, que no lo han dicho pero lo piensan». «Es verdad que en esta carta hay un paso más, significativo: dicen que hay que pedir perdón a las víctimas», añadió.