La red tenía varios locales distribuidos por la provincia de Almería.
La red tenía varios locales distribuidos por la provincia de Almería. / e. p.
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El Juzgado de Instrucción 2 de Almería ha ordenado la apertura de juicio oral contra los 22 procesados en la mayor operación contra la prostitución desarrollada en Almería y que supuso en 2009 la desarticulación de un “grupo organizado, estable y permanente” cuya finalidad era “la explotación sexual de mujeres procedentes de países extranjeros, fundamentalmente Europa del Este y Sudamérica”. La red, según el Ministerio Público, tenía varios locales en distintos municipios de la provincia en donde “se ejercían actividades de alterne y prostitución” y cada uno de sus miembros “desempeñaba un cometido específico” en el marco de una “clara” estructura “jerárquica organizada de modo piramidal”.

El auto del magistrado Jesús Miguel Hernández manda a juicio a la organización por la presunta comisión de delitos de asociación ilícita, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, prostitución de mayores de edad, blanqueo de capitales y tenencia ilícita tanto de armas prohibidas como reglamentarias.

El escrito de calificación provisional, consultado por los medios, sitúa al frente del grupo a la pareja formada por J.M.C. y N.G.R.S., ya que “todas las decisiones que se adoptaban por los integrantes de la organización debían contar con su aprobación”. Asimismo, añadió que sus “personas de confianza”, “quienes se encargaban presuntamente del control y gestión diaria de los locales”, debían “informarles en todo momento de la evolución del negocio y de las incidencias que pudieran surgir”.

En un segundo escalón del grupo y “como máxima persona de confianza” de la pareja cabecilla, el Ministerio Público señaló a A.J.M., de quien afirmó que era quien se encargaba “de gestionar las finanzas, administrar las cuentas, realizar los pagos a los miembros de la organización”.

Asimismo, remarcó el fiscal que “proporcionaba un importante asesoramiento financiero” a la red “aprovechándose de su condición de empleado de una entidad bancaria” y subraya que, incluso, “llegaba a asumir funciones de mando en ausencia” de los jefes ya que “intervenía directamente en el control y gestión de los clubes”. “En definitiva, proporcionaba un imprescindible soporte económico y financiero para que la red pudiese desarrollar su actividad”.

Mujeres

El escrito de acusación del fiscal relata, asimismo, que cuando los cabecillas “necesitaban mujeres para ejercer la prostitución”, se valían de las encargadas de los clubes y acusadas —N.L.; M.P.; J.D.C.L.; y O.S.M.— y del hermano y procesado de una de ellas —A.L.—, quienes entablaban contacto y cerraban acuerdos con agencias de viajes “aparentemente legales que interactuaban en Rusia y Brasil”.

“Captaban mujeres con la finalidad de traerlas clandestinamente a España, bien con la falsa promesa de que trabajarían en el ramo de la hostelería, o bien conociendo que ejercerían la prostitución en España, lo cual aceptaban por necesidades económicas”, detalló. El Ministerio Público indicó que presuntamente les preparaban a las mujeres la documentación necesaria para abordar el viaje a España, les proporcionaban los medios de transporte necesarios, una cantidad de dinero para demostrar que disponían de medios de vida, el contacto con la organización en España y “a las que impartían instrucciones precisas para eludir el control de extranjeros en la frontera”.