El presidente de la Sociedad General de Autores de España (SGAE), José Miguel Fernández Sastrón, defendió ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que le investiga en el caso conocido como ‘la Rueda de las televisiones’, que no tiene vinculación con “ninguna trama de ningún tipo”. “He dicho lo que tenía que decir, espero que sea suficiente”, señaló.
En declaraciones tras responder a las preguntas del juez, la Fiscalía, la acusación particular que ejerce Coalición Autoral (COA) y la defensa, Fernández Sastrón afirmó que no se le interrogó sobre sus liquidaciones y sí se le plantearon cuestiones “técnicas” relacionadas “en muchos casos” con asuntos que le son “ajenos”.
En este sentido, fuentes presentes en el interrogatorio concretaron que Sastrón tuvo que responder sobre una conversación intervenida durante la investigación en la que dos personas implicadas en la trama reconocían haberle “colocado” para sus fines. Él se desvinculó de este hecho y remitió a los protagonistas de aquella grabación: “De una conversación en la que yo no he estado, puedo decir poco”.
En la acusación definen su actitud durante el interrogatorio como “chulesca”. Las fuentes consultadas explican que el juez se centró especialmente en la posible participación de Sastrón en ‘la Rueda’, tanto en su faceta de compositor de canciones que podrían haberse emitido en horario nocturno, como las objeto de investigación, como en su papel de presidente de la SGAE, en tanto que pudiera haber podido favorecer o no impedir las actividades de la trama.
Él, de acuerdo a estas fuentes, defendió durante los 50 minutos de testifical que todo era legal, desde el retorno hasta el reparto y que se ha actuado siempre dentro de los límites, así como incidió en que, en cualquier caso, tomó medidas en la presidencia de la SGAE para proteger a los autores de este tipo de prácticas.
‘La Rueda’, destapada hace algo más de un año, estaba integrada por varios socios de la SGAE y habría defraudado entre los años 2006 y 2011 unos 100 millones de euros mediante una operativa consistente en el registro fraudulento de supuestas modificaciones de obras originales —y, por tanto, libres de derecho de autor— sin variación alguna de las auténticas para ser emitidas en programas nocturnos de televisión.
Según el magistrado instructor, estas obras de dominio público plagiadas se titulizaron a nombre de familiares y testaferros bajo diferentes editoriales pertenecientes a los investigados. Estas sociedades formalizaban acuerdos con los responsables de contratación de música de las diferentes cadenas de televisión, las cuales, a cambio, cobraban un porcentaje variable de los derechos de autor de dichas obras. Habrían defraudado entre 2006 y 2011 unos 100 millones de euros.