Los miembros de ‘La Manada’ tienen que ir a firmar a los Juzgados de Sevilla tres veces por semana.
Los miembros de ‘La Manada’ tienen que ir a firmar a los Juzgados de Sevilla tres veces por semana. / E.P.
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El Ministerio Fiscal y la acusación particular que representa a la víctima han recurrido el auto de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra, trasladado a las partes el pasado viernes, por el que se dicta la libertad provisional bajo fianza de los cinco miembros de ‘La Manada’, condenados a nueve años de cárcel por un delito de abuso sexual a una joven madrileña en los Sanfermines de 2016.

En el auto se establecía un plazo de tres días desde su notificación para que las partes presentaran los recursos. El Ayuntamiento de Pamplona y el Gobierno de Navarra, que ejercen las acusaciones populares, también anunciaron su intención de recurrir.
Ahora será el mismo tribunal que juzgó los hechos y que decretó la puesta en libertad de los cinco condenados el que resolverá los recursos presentados.

El auto, dictado por mayoría de dos magistrados a uno, se basa en que los jueces no aprecian riesgo de fuga de los condenados al haberse reducido “notablemente” en la sentencia las penas que solicitaban las acusaciones y al no apreciar tampoco riesgo de reiteración delictiva. Los cinco condenados abandonaron la cárcel el mismo viernes por la tarde y se desplazaron a Sevilla, su localidad de residencia, donde tienen obligación de comparecer los lunes, miércoles y viernes en el juzgado de guardia de su localidad.

También les impone la prohibición de entrar en la Comunidad de Madrid, la prohibición de comunicación con la víctima, la retirada del pasaporte, y la prohibición de salir del territorio nacional sin autorización judicial.

Se da la circunstancia de que este jueves trascendió que uno de los miembros de ‘La Manada’, Antonio Manuel Guerrero, intentó el lunes obtener un pasaporte, aunque tiene prohibido abandonar territorio español porque se encuentra en espera de sentencia firme.
La Policía Nacional informó en Twitter sobre este hecho con el siguiente mensaje: “Pillado uno de los miembros de #LaManada cuando intentaba obtener un pasaporte teniendo en vigor una prohibición de salida del territorio español por un Juzgado”.

Sin embargo, Jesús Pérez, abogado de Antonio Manuel Guerrero, aseguró que es “falso” que su cliente haya ido a Comisaría a obtener su pasaporte “para salir del país”, sino que tiene el documento caducado y ante la obligación impuesta por la Audiencia de entregarlo en los cuatros días siguientes a su puesta en libertad “ha ido a preguntar si se lo tenía que sacar o no”.

Medidas cautelares

Por otro lado, el abogado de la víctima de ‘La Manada’ ha presentado un recurso contra el auto de libertad provisional de los cinco condenados en el que señala que las medidas cautelares impuestas “limitan más derechos a la víctima que a los propios procesados” y solicita al tribunal que dicte la prisión provisional para La Manada.

El letrado señala en su recurso, al que “el único cambio que se ha producido para tener en cuenta las nuevas circunstancias y la ponderación de los intereses en juego es el hecho de haberse dictado sentencia condenatoria, de forma que los indicios ya son hechos probados, que estos hechos probados son constitutivos de un delito grave, y que la pena impuesta es de nueve años de prisión”, aseguró.

“Sorpresivamente, dicho sea con los debidos respetos, el tribunal, excepto en lo que respecta al voto particular, ha considerado que dicho cambio en el devenir del procedimiento es favorable a la libertad de los procesados”, lamenta el abogado en un escrito registrado el 27 de junio, es decir, antes de conocerse que uno de los condenados, Antonio Manuel Guerrero, trató de obtener el lunes el pasaporte, pese a que tiene prohibido salir del territorio nacional.

La acusación particular señala que “en el caso presente ya no solo existen unos indicios de criminalidad sino unos hechos probados de una acción delictiva grave, con una condena de nueve años de prisión, y que si ya antes de recaer sentencia se cumplían los requisitos para la adopción de la medida (prisión provisional), ahora con mayor motivo procede el mantenimiento y prórroga de la misma hasta el máximo legal”.

El abogado afirma que en este caso no pueden “adoptarse otras medidas menos gravosas que en ningún caso conjuran el riesgo de fuga y de reiteración delictiva, y por el contrario limitan la libertad e intimidad de la víctima”.

En este sentido, afirma que “la actuación de los procesados por si mismos o a través de terceras personas (en contra de los bienes jurídicos de la víctima, como es su derecho a la intimidad) se va a ver incrementada estando en libertad”.