Pendientes del calendario de Camps

El mayor temor que hay en los ‘populares’ es que la causa contra dirigente levantino se prolongue hasta octubre, a pocos meses de los comicios generales y andaluces.

Debe enfrentarse a dos posibles delitos, uno de cohecho impropio y otro de presunta financiación ilegal del partido, pero hasta ahora al PP solo le quita el sueño el primero. Es evidente que Francisco Camps recibió ropa del sastre que no era sastre sino encargado de la tienda, José Tomás, y no encuentra los recibos que demostrarían que pagó los trajes que le confeccionaron. En cuanto a la financiación ilegal del partido en Valencia, hasta ahora nadie ha encontrado pruebas de que se haya producido, pero las investigaciones continúan su curso.

Según las épocas, en Génova se recibían las noticias de la Ciudad del Turia con esperanza, escepticismo, preocupación, nuevamente esperanza… y siempre con presiones de Camps para que se le respaldara de forma nítida y pública. Rajoy se distanció al principio, luego aún más y después aplazó todas las designaciones de candidatos regionales al tener dudas sobre la continuidad de éste. Más tarde, se produjo un giro en su actitud y le apoyó tímidamente…

Finalmente, el ex ministro del Interior decidió ratificar la decisión del comité electoral autonómico, y dio luz verde al nacional para que le incluyera en la lista de los aspirantes oficiales que se aprobó el pasado jueves.

Filtración

Camps ha logrado lo que pretendía desde hacía meses: su ratificación como candidato a la Presidencia del Gobierno regional. Dos años hace que saltaron las noticias sobre la trama valenciana del caso Gürtel, con filtración interesada a determinados medios de las investigaciones policiales, y más interesada todavía de conversaciones relacionadas con el asunto, algunas de ellas manipuladas para que no se incluyeran los retazos que exculparían al líder valenciano, y con declaraciones de éste que provocaron gran preocupación a la dirección nacional, pues decía al principio que tenía las facturas y recibos de esos trajes, después que los había pagado con dinero que cogía en la caja de la farmacia de su mujer y no tenía cómo demostrarlo, y siempre declarando con un tono muy contundente que él pagaba siempre su vestuario y que era víctima de una trama organizada por el PSOE.

¿Respira Rajoy tras la decisión adoptada? No, lo confirman personas de su círculo más cercano. Está muy preocupado por la situación, y ha hablado en infinidad de ocasiones con Federico Trillo, que es quien coordina el trabajo de los abogados que preparan la defensa de Camps, con el que habla a diario desde que se produjo el escándalo. Pero también es cierto que el político gallego piensa que es injusto destrozar la carrera de un hombre que, aparentemente, no ha cometido más falta, o más delito según el Código Penal, que cohecho impropio al dejarse regalar un par de trajes.

Personas destacadas del PP, en cambio, no están muy conformes con esa posición, y piensan que el empeño de Camps en proclamar que está limpio y, sobre todo, en ser candidato, provoca que los socialistas tengan motivos para atacar al PP mañana tarde y noche durante la campaña electoral. Y les preocupa, además, el calendario judicial, porque podría darse que el juicio oral se anunciara apenas un par de semanas antes del 22 de mayo, lo que colocaría en una situación complicada no solo a Camps, sino a todos sus compañeros de partido.

Los tiempos que manejan en las filas populares es que la vista pública podría celebrarse la primera semana del mes de abril. Entonces, el juez podría pedir alguna prueba judicial y que declarara José Tomás, y a continuación dictaría sentencia. Y en ese momento, podría producirse un hecho que tiene en vilo a la cúpula conservadora: que Camps acepte la sentencia de conformidad, que significa que acata la decisión del togado pagando una multa. Eso supondría, sin embargo, que acepta su culpabilidad y que ha mentido al proclamar su inocencia e insistir en que pagó, lo que tiene un evidente coste político.

Pero, en cambio, esa aceptación no tendría más consecuencias, porque el delito no conlleva inhabilitación política y, por tanto, Camps seguiría siendo candidato y, con toda seguridad, presidente de la Generalitat.

¿El problema? Que el barón popular no está muy conforme con esa salida, y menos aún estos últimos días, en los que se siente crecido tras la confirmación de su candidatura por Madrid. Y eso es lo que preocupa a quienes llevan meses analizando la situación, y viendo cómo se puede salir de ella con el menor coste posible. Todos en el PP son conscientes del daño que hace el caso Camps… excepto Camps. Así que, si se opone a dar ese paso adelante, tendría que verse, a finales de septiembre o en todo caso en octubre, en el banquillo, ante un magistrado, pero también ante un jurado.

Situación inasumible para un PP que, apenas cuatro meses más tarde, debe someterse al veredicto de las urnas en unas generales y andaluzas que pueden llevarles nuevamente al poder, a no ser de que el PSOE encuentre importante munición con la que neutralizar o bloquear lo que hoy parece imparable carrera de Rajoy hacia La Moncloa.

Se comprende, por tanto, el desapego que muestran algunos dirigentes populares hacia Camps. También que midan las consecuencias de aparecer en público junto a él, o que no acaben de confirmar su participación en actos electorales levantinos.

Por su parte, el president ha reaccionado como si tuviera el respaldo incondicional de su partido, pero no es ese el escenario en el que se mueve. Y, a poco que se le complique el panorama judicial o no se comporte como conviene al PP, incluso se le empujaría a renunciar como candidato: hasta el 18 de abril no se cierra el plazo de presentación de las listas.