Pedraz justifica los incidentes del 25-S por la «decadencia política»

El juez archiva las diligencias contra los promotores por no llegar a penetrar en la Cámara Baja y critica la actuación policial

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Conmoción en la Cámara Baja. Pocas horas después de que el imputado por organizar las protestas del 25-S en Madrid no respondiera ayer a la citación realizada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, éste defendió la legitimidad de defender «opiniones subjetivas» como las planteadas en la protesta celebrada el pasado 25 de septiembre ante el Congreso «máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política».

En el auto en el que archiva las diligencias abiertas contra los máximos responsables de la manifestación, el magistrado recuerda que la libertad de expresión, que es un derecho fundamental, ampara este tipo de actos y subraya que exigir un proceso de destitución y ruptura del régimen vigente mediante la dimisión del Gobierno en pleno en modo alguno puede ser un delito.

Asimismo, el mediático togado denunció que la Policía incurrió en un «claro» exceso en sus funciones por su modo de tramitar los atestados relacionados con los 35 detenidos en las protestas, algunos con antecedentes penales.

Así, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 se despacha a gusto sobre este asunto y narra de forma pormenorizada el «periplo» de las incidencias levantadas por la Brigada Provincial de Información de Madrid con ocasión de las detenciones.

De este modo, Pedraz entiende que los arrestados no cometieron delito contra las altas instituciones de la nación, ya que no ha quedado demostrado que intentaran penetrar en la sede parlamentaria.

Los directamente aludidos por la declaración del juez hicieron frente común. La más contundente fue la del portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, que acusó al jurista de utilizar «las togas» y la Audiencia Nacional para hacer una «demagogia política» que calificó de «indecente».

Tras considerar «cuestionable» la capacidad de su calidad jurídica, el dirigente del PP advirtió que hace responsable al magistrado de cualquier acto de acoso o agresión a los representantes de la soberanía nacional, recordándole que, «aunque pretenda ir de pijo ácrata, en realidad es un juez con toda la responsabilidad que eso conlleva».

Desde Ferraz, la voz del PSOE en el Parlamento, Soraya Rodríguez, indicó que «no parece un juicio de valor muy jurídico», en tanto que históricos como el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra se preguntó si siguió la ley o las recomendaciones de la prensa al pedirle información a los bancos sobre las personas que aportaron fondos para organizar la concentración del 25-S. El secretario de Formación de los socialistas, Rafael Simancas, recurrió a la sorna: «¿Habrán quitado los espejos en los juzgados?».

Desde la judicatura, el presidente del Constitucional, Pascual Sala, manifestó que respeta el auto, como el resto de resoluciones judiciales, añadiendo que «quien no esté de acuerdo con ellas tiene medios en el ordenamiento jurídico para recurrirlas».

Por su parte, la Asociación Profesional de la Magistratura mostró su rechazo a las palabras de Santiago Pedraz. Para su portavoz, Pablo Llarena, suponen un «exceso literario», así como algo «innecesario y absolutamente superfluo». Joaquim Bosch, del colectivo progresista Jueces para la Democracia, defendió a su compañero por referirse solo al sentir de los manifestantes «y no al personal».