Panamá, el ‘paraíso’ de las investigaciones sobre corrupción en España

Las indagaciones sobre Correa, Bárcenas, los Pujol o el ‘caso Nóos’, entre otras, tienen alguna conexión con el país

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Panamá o el despacho de abogados del país centroamericano Mossack Fonseca del que ha salido la información recogida en los llamados ‘papeles de Panamá’, se han cruzado en casi todas las últimas investigaciones relevantes en España relacionadas con presuntos casos de corrupción. Desde las pesquisas sobre la compra del ático del ex presidente madrileño, Ignacio González, al presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, el ‘caso Nóos’ o los Pujol, entre otros, Panamá es siempre un destino recurrente en casi todas las causas.

La denuncia presentada en noviembre de 2014 por el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) ante el Juzgado de Estepona, que investiga la compra del inmueble de González, asegura que “la empresa matriz, o al menos uno de los propietarios formales de Coast Investor LLC (sociedad creada para adquirir el ático) es la instrumental panameña Walford Overseas Investment Ltd, gestionada ni más ni menos que por el despacho de abogados Mossak Fonseca & CO, internacionalmente conocido”. En la providencia del pasado 9 de marzo en la que jueza de Estepona imputó a González, su mujer y al presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, se recogían otras diligencias como reiterar la petición de una comisión rogatoria a Panamá “reclamando la información interesada en su día” sobre las actividades de Coast Investor. Este país negó a las autoridades españolas estos datos argumentando que no tiene tipificado el delito contra la Hacienda Pública, ni ese delito puede ser considerado antecedente de un posterior de blanqueo de capitales.

Recuerda el SUP en su denuncia que el despacho Mossak Fonseca se publicita “como especialistas en las construcción y gestión de empresas pantalla especializadas en la ocultación de identidades y patrimonio”. “Es además conocida también internacionalmente por las Financial Inteligent Unites que persiguen el blanqueo, por su inclusión en las listas publicadas por la UE que advierte de sanciones a quien mantenga relaciones de negocios con Mossak Fonseca & CO16”, añade.

La acusación del propio Sindicato Unificado de la Policía trazaba la conexión con Francisco Correa, “es completamente relevante que este mismo despacho de abogados haya utilizado también como testigos a las mismas compañías que las utilizadas por el despacho Aba Legal Bureau para la constitución de la sociedad Golden Chain Properties s.a., también panameña”. Precisaba que esta empresa era “supuestamente propiedad de Francisco Correa”, y “titular de una cuenta bancaria, conocida como cuenta ‘Soleado’, en la que se localizaron 12,8 millones de euros, supuestamente procedentes de una comisión relacionada con una operación urbanística en Arganda del Rey”.

El nombre de Mossack Fonseca también apareció durante la instrucción del ‘caso Nóos’, que desde el pasado mes de enero sienta en el banquillo a Iñaki Urdangarin y otros quince acusados por un supuesto desvío de fondos. De hecho, tanto el exduque de Palma como su exsocio Diego Torres, también procesado, se habrían servido del asesoramiento del bufete panameño a la hora de urdir una estructura fiduciaria en el extranjero con el objetivo de desviar los fondos obtenidos de forma irregular de las instituciones, ocultar a sus verdaderos beneficiarios y lograr tributar menos que en España.

En el marco de las investigaciones relacionadas con las actividades de la familia Pujol, la UDEF de la Policía Nacional recabó numerosa información sobre entidades bancarias con las que operaban a la hora de desviar su fortuna, sobre todo a diversos paraísos fiscales entre los que se encontraba Panamá. El juez sostiene que el conjunto de la familia ha venido “orquestando durante años una estrategia compartida y coordinada para desarrollar distintos negocios económicos, generar réditos, ocultarlos y distribuirlos entre todos de acuerdo con criterios establecidos para conseguir el lavado de los activos conseguidos”.

Panamá también aparece en las investigaciones en torno al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, quien el 7 de julio de 2005 abrió una cuenta de la que era titular la Fundación Sinequanon, con sede en Panamá, a la que traspasó 13,6 millones. Esa cuenta llegó a tener en 2007 un saldo máximo de 25 millones. Asismismo, Panamá también fue el destino elegido por el ex embajador Gustavo de Arístegui, quien negoció el cobro de comisiones a cambio de intermediar a favor de dos empresas españolas en la obtención de contratos públicos.