Los desahucios han aumentado un 134 por ciento en lo que va de año

La Plataforma de Afectados por estos préstamos comunica otros dos nuevos suicidios por problemas con la vivienda, mientras Cáritas pide al Gobierno «una ley más amplia».

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El mismo día en el que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca informaba de que el pasado sábado un vecino de Ardales de 47 años se suicidó agobiado por su situación financiera, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, reveló en el Congreso de los Diputados que las ejecuciones hipotecarias han registrado este año un incremento del 134,13 por ciento, lo que ha acarreado la «consiguiente creación de un conflicto social».

Durante su intervención en la Comisión de Justicia para presentar la Memoria del 2011, el magistrado explicó que, aunque el número de cuestiones que entraron en los juzgados disminuyó un 3,05 por ciento en 2012, en los asuntos computados no figuran ni los procesos monitorios, ni las ejecuciones hipotecarias, que se incrementaron «notablemente» (52,36 por ciento en el primer caso y 134,13 en el segundo).

Según recalcó, estos datos llevan a la conclusión de que «en realidad no ha descendido la litigiosidad, sino que se ha modificado la calidad de la misma, siendo sorprendente el incremento de las ejecuciones hipotecarias con la consiguiente creación de un conflicto social de reciente memoria», en referencia a los desahucios.

Mientras el máximo responsable de los jueces daba esos datos en el Parlamento, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca explicó que el pasado sábado un hombre de 47 años con problemas económicos se quitó la vida en el municipio malagueño de Ardales.

Al parecer, el fallecido, que estaba casado y tenía dos hijos, había conseguido que le concediesen la dación en pago de su vivienda, aunque aún no se había cerrado el proceso con el banco.

Agobiado por los problemas económicos y al estar, además, sin empleo, finalmente optó por ahorcarse en su domicilio.

El suceso se produjo poco después de que una mujer falleciese el pasado viernes en una barriada de Málaga, tras arrojarse desde el balcón. Al parecer, había recibido una orden de desahucio por impago de la hipoteca a principios de la semana pasada.

Por otro lado, el secretario general de Cáritas, Sebastián Mora, pidió en el Senado una ley «más amplia» que la ya aprobada por el Gobierno para frenar por completo los desalojos y, con ello, el drama de las personas que se quitan la vida al quedarse sin su vivienda.

«Nosotros, y así lo ha hecho la Conferencia Episcopal Española, apostamos por una normativa mucho más amplia para que haya una intervención muy directa con los desahucios», remarcó.

Durante la Comisión Especial de estudio sobre las nuevas formas de exclusión social como consecuencia del fuerte incremento del desempleo, Mora destacó que el problema de la vivienda va «mucho más allá de los desahucios», ya que, según concretó, «30.000 personas están viviendo en la calle y más de un millón de familias se alojan en hacinamientos o infravivienda».

No obstante, añadió que esta situación «también tiene que ver con los desahucios» y que, «paradójicamente», la sociedad actual es «una sociedad de personas sin casa y de casas sin personas».

En el lado opuesto se situó el presidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), Santos González, que opinó que atender a los afectados por los desahucios no puede significar dejar de cobrar las hipotecas, porque eso conduciría a un encarecimiento del crédito.

Así, el dirigente insistió en que «si la gente se queda sin empleo y no puede pagar los créditos, las hipotecas se tienen que ejecutar, no hay más remedio», y pidió al Gobierno que no legisle para una minoría que no puede hacer frente a los problemas de vivienda.

Meses de negociación.- El portavoz del PSOE en la Comisión de Justicia, Julio Villarubia, desveló ayer que su formación lleva «meses» negociando con el Gobierno la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aunque volvió a criticar al Ejecutivo por legislar de «forma atropellada y sin ningún tipo de consenso» sobre otros aspectos de la Justicia, como las tasas o el Código Penal.

«En las cuestiones de Estado, como la Justicia, el PSOE siempre está ahí», explicó el dirigente en declaraciones en el Congreso, antes de escuchar la comparecencia ante la Comisión de Justicia del presidente del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner. Por ello, el diputado recalcó que la intención de su partido es siempre mejorar el «funcionamiento» de este ámbito, pero rehusó dar más detalles sobre las conversaciones que mantienen el Ejecutivo y la formación socialista sobre el órgano de gobierno de los jueces.

La reforma de la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial es un asunto de Estado que debe estar resuelto antes de junio, cuando toca iniciar los trámites para renovar ese órgano de gobierno de los magistrados, cuestionado por su excesiva politización y golpeado en su imagen por el último escándalo que forzó la dimisión de su presidente, Carlos Dívar, por usar dinero público para fines privados.