Los controladores se amotinan y dejan a España sin vuelos al inicio del puente

El Gobierno militariza el tráfico aéreo. El presidente Zapatero ordena al Ejército que se haga cargo de la situación para que los aviones puedan volver al cielo

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España está casi incomunicada por vía aérea desde la tarde de ayer, inicio del largo puente festivo de la Constitución, como consecuencia de las bajas simultáneas del 70 por ciento de los controladores que alegaron sufrir un generalizado «ataque de ansiedad» en lo que se antoja una huelga tan encubierta como salvaje en protesta por la decisión del Consejo de Ministros de fijarles un máximo de 1.670 horas de trabajo anuales, así como ante el nuevo modelo semiprivado de gestión aeroportuaria.

Al cierre de esta edición, el Ejecutivo acababa de dar la orden para militarizar el tráfico aéreo, de modo que los 300 profesionales del sector militar comenzaron a tomar posesión de las torres de los aeropuertos para asumir el control del cielo español y normalizar la situación. Para que esta militarización fuera legalmente factible, el presidente Zapatero había publicado de manera extraordinaria en el BOE un real decreto que faculta la llegada de los uniformados y que permite realizar controles médicos de manera inmediata para verificar que los trabajadores de baja realmente no están en disposición de realizar sus funciones.

El cierre en bloque del espacio aéreo nacional, salvo el andaluz, hizo que unas 250.000 personas se vieran directamente afectadas, si bien desde Aena se calculaba que los perjudicados finales superarán los cuatro millones. Este paro, «huelga salvaje» según el ministro de Fomento, José Blanco, fue una acción que la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) calificó de «espontánea» y, según explicaba el portavoz de los amotinados César Cabo, antes de la orden de militarizar se dialogaba contrareloj en un intento despesperado para que volviera «la normalidad y que reine la cordura».

A través de su perfil en Facebook, el representante de los controladores hacía un llamamiento a sus compañeros «para que la tensión se tranquilice», y justificó la agresiva protesta porque «el Gobierno ha vuelto a sacar un decretazo», lo cual desmonta de plano la teoría de la epidemia psicológica.

Ante la caótica situación, el titular de Fomento reunió a un gabinete de crisis con los ministros del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y Defensa, Carme Chacón, así como con el jefe del Estado Mayor del Ejercito del Aire, el general José Jiménez Ruiz.

Además de tratar de restablecer las comunicaciones, los responsables socialistas barajaban la posibilidad de acusar a los controladores de un delito de sedición, castigado con penas de entre ocho y 15 años de prisión, de modo que, finalmente la cárcel ponga fin a una cadena de chantajes que tiene en vilo a todo el país cada vez que se inicia un período festivo.

Entretanto, desde Barajas iban saliendo decenas de autobuses con destino a hoteles de la capital o a ciudades no demasiado lejanas, como Lisboa o Barcelona. Renfe constituyó un grupo de trabajo para evaluar su apoyo. Por su parte, AENA, que puso a disposición de los afectados el teléfono 902-404-704, llamó a los controladores a abandonar «el chantaje al que someten a la sociedad española tomando a los ciudadanos como rehenes».

Además, advirtió de que paralizar el tráfico aéreo puede ser sancionado con el despido disciplinario y constituye un delito según el artículo 409 del Código Penal.

No delictiva, pero sí delirante, fue la situación que se vivió durante toda la tarde en los aeropuertos, donde reinó la confusión entre los pasajeros, que criticaron airadamente la falta de información y formaron largas filas ante los mostradores de las compañías. De hecho, el presidente del PP, Mariano Rajoy, se quedó atrapado en Lanzarote sin poder ir a Gran Canaria, donde se iba a reunir con su mujer y sus dos hijos, que tuvieron que permanecer en Madrid.

Asimismo, el tono airado predominó en las reacciones que llegaron desde todos los ámbitos sociales y políticos y que, unánimemente, exigían a los controladores el fin del chantaje y al Gobierno la adopción de un castigo verdaderamente ejemplar y definitivo.