Límite a la Justicia gratuita

El Gobierno plantea que las personas que quieran usar la jurisprudencia sin costes lo puedan hacer un máximo de tres veces al año, excepto en los delitos penales, donde no habrá ‘techo’

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La reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que está preparando el Gobierno prevé que las personas que cumplan los requisitos para utilizar este servicio, lo puedan hacer un máximo de tres veces al año, salvo que se acredite que hay abusos. Este principio no regirá para la vía penal, que no tendrá un tope de utilización. Todos estos cambios están supeditados a alcanzar un acuerdo con las Comunidades Autónomas.

El Ministerio de Justicia ha realizado ya un borrador con el que se modifica la Ley 1/96 de 10 de enero de Asistencia Jurídica Gratuita. El departamento que dirige Alberto Ruiz Gallardón ha remitido este texto a las autonomías para recabar sus opiniones, teniendo como objetivo lograr «una justicia gratuita más justa», tal y como afirmó el pasado lunes el ministro en el Congreso de los Diputados.

El Ejecutivo ha detectado que se producen casos de abusos en la utilización de este servicio, que supone al año un coste de 269 millones de euros. Entre otros casos, se ha constatado un exceso de uso en los procedimientos para recurrir multas de tráfico.

Por ello, el borrador que ha redactado el Ministerio de Justicia, incluye una serie de medidas que limitan la utilización de este servicio aplicando la presunción del iuris tantum, según el cual se aplicará una presunción de abuso para todas aquellas solicitudes que excedan de tres al año, salvo que se acredite que hay un legítimo derecho por concurrir razones especiales. Además, si el ciudadano que ha utilizado ya en tres ocasiones un abogado de oficio es demandado, podrá volver a recurrir a la Justicia gratuita si reúne las condiciones para ello. Esta limitación se aplicará a los procedimientos civiles, contenciosos y en la jurisdicción social, pero no se aplicará en la penal.

No obstante, el Ministerio también se ha propuesto elevar el número de personas que puedan ser usuarios de ello y ha propuesto elevar el umbral de ingresos, que pasará de dos veces el Salario Mínimo Interprofesional a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.

Es decir, que los ciudadanos con unos pagos inferiores a 15.975 euros anuales podrán acceder a un letrado de oficio, mientras que hasta la fecha solo lo podían hacer los que ingresaran menos de 14.910 euros anuales.

Con el nuevo umbral, el coste total podría elevarse entre cinco y 10 millones de euros, según explicaron fuentes ministeriales, es decir, hasta los 275 o 280 millones, sin embargo, esta no es una cifra cerrada, ya que tampoco hay una estadística exacta del número de personas que lo podrían utilizar. Además, en la reforma se incluyen otras medidas con las que se podría ahorrar hasta un 20 por ciento de este coste.

En el borrador también se aborda el problema que tienen algunas regiones por los retrasos en los pagos a los Colegios de Abogados, que se traducen en una demora en la retribución a los letrados de oficio.