La mayoría de los Ejecutivos regionales coinciden en que las arcas públicas no tienen dinero para financiar los fármacos para dejar de fumar, en plena crisis, pese a que la ministra de Sanidad, Leire Pajín, se haya planteado en algún momento incluirlos en la cartera de servicios del sistema sanitario.
En el caso hipotético de que los 12 millones de fumadores que viven en España decidieran cortar con la nicotina, apoyados por una terapia farmacológica que puede costar 300 euros por persona, la Sanidad pública tendría que desembolsar 3.600 millones de euros.
Mientras que los Gobiernos de Cataluña y Madrid todavía no se han pronunciado sobre esta posibilidad, fuentes del Servicio Extremeño de Salud (SES) confesaron que no tienen intención de financiar unos productos que, actualmente, abonan los interesados.
La Consejería de Sanidad de Murcia se situó en la misma línea, dados los ajustes económicos derivados de la crisis y sus problemas de déficit, según un portavoz de ese departamento.
El responsable cántabro de Sanidad, Luis Truan, descartó la medida, porque «no es el momento de incluir muchas más financiaciones» cuando toca apretarse el cinturón.
La directora de Asistencia Sanitaria del Servicio Gallego de Salud, María Nieves Domínguez, cree que volver a incrementar el gasto farmacéutico necesitaría de una «importante reflexión», dado que actualmente hay que garantizar la «sostenibilidad» del sistema.
El Ejecutivo canario está a favor de la iniciativa aunque reconoce que no existen medios económicos para poder asumirla. Por ello, sostiene que cualquier medida que tome el Ministerio de Sanidad debe de ir acompañada de una financiación específica.
La Junta de Castilla y León no aceptará un posible «yo invito y tu pagas» por parte del Ministerio, según dijo el consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades de esta Comunidad, César Antón.
La Generalitat Valenciana considera que en la actual situación de crisis «no se puede ampliar» la cartera de servicios de la Sanidad, si esto no va acompañado de una financiación adecuada para las comunidades».
Fuentes del Gobierno de Aragón explicaron que este planteamiento supondría modificar la cartera de servicios de la Sanidad, por lo que debería de analizarse en profundidad en el seno del Consejo Interterritorial.
En Castilla La Mancha, el consejero de Salud y Bienestar Social, Fernando Lamata, apuntó que si esta medida supone un gasto para las Comunidades tendrían que recibir financiación adicional.
Asturias tiene ya su propio criterio y costea el tratamiento en algunos casos de alto riesgo dentro de las Unidades Especializadas en Tabaquismo, mientras que Andalucía ofrece «múltiples iniciativas terapéuticas» que han demostrado una «elevada eficacia».
En el País Vasco, a propuesta del PP, se aprobó una partida de 600.000 euros en el presupuesto de este año para formar al personal sanitario en la prescripción de estos fármacos, y este mismo grupo va a defender una enmienda para que la Administración sanitaria se haga cargo de su coste.
La Consellería de Salud de Baleares entiende que Pajín no ha hablado de financiar todos los medicamentos, sino de respaldar a las Comunidades que ya desarrollan actuaciones.
En Navarra, desde 2003 se prescribe gratuitamente los medicamentos con receta. Al igual que sucede en La Rioja, donde se asume su coste total desde 2007.
Ceuta estaría más que dispuesta a que la Sanidad pública financiase los tratamientos, algo que ya costea su Administración desde hace varios años pese a no tener transferidas estas competencias.
