Las autonomías siguen engordando

Ajenas a los ‘números rojos’ que amenazan con liquidar la solvencia financiera del Estado, las administraciones regionales continúan agigantando sus aparatos burocráticos

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Aesos reinos de taifas políticos en que se han convertido buena parte de las comunidades españolas no ha llegado todavía el fulgor rojo de las numerosas alarmas que advierten con estrépito de que el feroz aumento del déficit público puede poner en peligro ya la solvencia financiera del Estado, sino el propio modelo del bienestar. Inmersos todavía en esa cultura del privilegio y del aquí mando yo, numerosos dirigentes regionales continúan utilizando los aparatos adminsitrativos a su cargo como herramienta de poder, ya para contentar a ciertos colectivos -esos denominados votantes cautivos-, ya para colocar en puestos con sueldos opíparos a sus colegas de partido.

Tal patrimonialización de lo público ha supuesto el engorde de las administraciones autonómicas nada menos que en un 28,6 por ciento solo en los últimos seis años. En las regiones de la Piel de Toro, los entes dependientes de las regiones han pasado de 1.537 entes en 2003 a 2.012 en 2009.

Según el inventario de entes dependientes de las comunidades autónomas, elaborado por el Ministerio de Economía y Hacienda, el cada vez mayor peso del gasto de las autonomías en el total de los dispendios públicos ha conllevado la creación de una miríada de organismos que, en teoría, surgen para gestionar con más eficacia los distintos servicios que se prestan al ciudadano, pero que, a la hora de la verdad, solo sirven en la mayoría de ocasiones para engrosar la nómina de altos funcionarios que viven de los impuestos.

En números, los consorcios, entidades públicas empresariales, agencias o fundaciones creadas por las comunidades han aumentado casi exponencialmente en los últimos años, en un ranking liderado por Cataluña, que cuenta con 335 entes, 48 más que en 2003.

Le sigue Andalucía, con 317 (267 hace seis años) y, a larga distancia, la controvertida Baleares, con 166, frente a los 107 de 2003.

Madrid, tenía en 2009, 137 organismos de diferente naturaleza, 17 más que en 2003.

Las comunidades que menos han recurrido a este tipo de organismos son La Rioja (30), Asturias (63) y Cantabria (65), además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que tienen 19 y 10 respectivamente, un número nada desdeñable habida cuenta de su escasísima dimensión.

En términos porcentuales, destaca el incremento experimentado en Castilla-La Mancha, donde la subida ha sido del 95 por ciento) y Cantabria, con un 75,7 por ciento.

Por tipos, los consorcios (583) son la fórmula preferida por las autonomías, seguidos de las sociedades mercantiles (539) y las fundaciones (409).

Las televisiones y radios de las comunidades, sus universidades, teatros o servicios de salud están constituidos en muchos casos con la cobertura jurídica de este tipo de entes.

Como ejemplo, se recurrió a este tipo de fórmulas para crear organismos como el Consorcio para la construcción del ya infausto Velódromo de Palma, en Baleares, o la no menos controvertida sociedad mercantil Cabanyal 2010, en la Comunidad Valenciana. Bastante más curiosos son el consorcio Escuela Madera de Encinas Reales, la sociedad Andalucía Aeroespacial, la fundación pública andaluza El Legado Andalusí o las sociedades mercantiles Inversora World Trade Center y Unidades Móviles Andaluzas.

Fuera de Andalucía, se puede encontrar el Observatori del Paisatge y el Instituto de Geomática (en Cataluña), las sociedades mercantiles Terminal Marítima de Zaragoza (aragonesa) y La Cuchillería de Taramundi (asturiana) o el consorcio para la Construcción de una Piscina Cubierta Climatizada en Cieza, Murcia.

Las comunidades autónomas también recurren a este tipo de figuras para su representación en el exterior mediante numerosas oficinas -en estos momentos casi dos centenares- que aseguran dedicarse principalmente a la promoción económica y turística de los encantos de esas patrias chicas.