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El abogado del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y del exconsejero Raül Romeva, Andreu Van Den Eynde, fue el primero en intervenir en el juicio por el ‘procés’ que comenzó ayer en el Tribunal Supremo y afirmó que esta causa es un “vodevil procesal” que “atenta contra la disidencia política”. Tras afirmar que se han vulnerado o restringido todos los derechos constitucionales, pidió de nuevo la libertad de los acusados en prisión para “hacer un juicio distinto mañana”.

“Nos encontramos ante un juicio excepcional porque se han producido excepciones que afectan al núcleo duro de los derechos fundamentales”, afirmó en el arranque del turno que le concedió el presidente del tribunal, Manuel Marchena, para exponer su alegato.

Interviene en el turno de las denominadas cuestiones previas, dirigidas a exponer posibles vulneraciones de derechos fundamentales antes de dar comienzo al juicio en sí con los interrogatorios de los procesados.

“Tengo que hablar de derecho penal democrático, no vamos a hacer una defensa política sino a defender valores y derechos humanos”, manifestó el abogado, aludiendo a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre el opositor pro-kurdo Demirtas que a su juicio “tiene que ver con el silenciamiento de la disidencia política y sobre cómo se puede utilizar la prisión provisional para afectar a la agenda política”.

Por su parte, el abogado del exconsejero de Interior Joaquim Forn, Javier Melero, insistió en la necesidad de que se cite como testigo al que fuera ministro del Interior en el momento de producirse los hechos enjuiciados, que fue Juan Ignacio Zoido.

Vulneraciones

Asimismo, denunció en este trámite que respecto a su cliente se han producido vulneración del derecho con todas las garantías y tutela judicial efectiva. “No podemos estar de acuerdo con la aplicación de la rebelión a este caso concreto”, afirmó, para añadir que las acusaciones contra el exconsejero de Forn se fundamental tan sólo en atestados policiales que únicamente pueden valorarse como tales.

El abogado del expresidente de la ANC Jordi Sànchez y del exconsejero catalán Josep Rull pidió a los magistrados que “hagan de jueces y no de salvadores de la patria”.

El letrado dudó de la imparcialidad de los magistrados del Supremo, desde el presidente de la Sala de lo Penal y del tribunal, Manuel Marchena, hasta el juez instructor de la causa, Pablo Llarena.

Benet Salellas, el abogado del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, advirtió al tribunal que este procedimiento supone una “derrota colectiva de la sociedad española” porque “se opone a la esencia propia del Estado de Derecho y criminaliza” derechos fundamentales como el de expresión y el de reunión.

Finalmente, destacó la petición de que Carme Forcadell quede fuera del juicio porque le protegía la inviolabilidad parlamentaria.