La reforma echa a andar

PP y PSOE registran en el Congreso la propuesta para modificar la Carta Magna tras una maratoniana reunión. El texto fija en un 0,4 por ciento el déficit global máximo del conjunto de las Administraciones Públicas.

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Fue una imagen poco habitual: José Antonio Alonso y Soraya Saénz de Santamaría, portavoces del PSOE y PP respectivamente, entraban juntos al Congreso de los Diputados. Una reforma constitucional tampoco es un asunto que se repita con frecuencia, de ahí lo inusual de la fotografía.

Y es que ambos dirigentes acudieron ayer por la mañana para registrar en la Cámara Baja el acuerdo de proposición de modificación de la Carta Magna que establece una disciplina de equilibrio presupuestario de las Administraciones Públicas.

Los dos portavoces llegaron al Congreso acompañados, en el caso socialista, por los diputados Francisco Fernández Marugán y José María Benegas, y en el popular, por el secretario general del grupo, Luis Ayllón, y el portavoz económico, Cristóbal Montoro.

Una vez registrada la iniciativa, trámite en el que emplearon escasos minutos, el insólito grupo, abandonó, también junto, el Congreso sin hacer declaraciones a los medios. Sin embargo, ante las preguntas de los periodistas sobre el intenso trabajo de las horas anteriores, la portavoz popular se limitó a afirmar: «hay que trabajar, hay que hacer cosas».

TECHO DE DEUDA. El registro de la iniciativa fue la última imagen de una larga jornada que se vivió entre Ferraz y Génova, con documentos cruzados entre ambas sedes e intensas negociaciones que finalizaron, en la madrugada del viernes, con un pacto entre PSOE y PP en el que se recogía, no solo la modificación de la Constitución, sino el documento anexo en el que se reflejaba, con cifras, el techo de déficit y deuda, tal y como pretendía el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Esas concreciones aparecerán, finalmente, en una ley orgánica que tendrá que ser aprobada antes del 30 de junio de 2012 y que fijará en un 0,4 por ciento el déficit estructural global máximo del conjunto de las Administraciones Públicas a partir del año 2020.

Este porcentaje se distribuirá, según el acuerdo, del siguiente modo: el déficit estructural en que podrá incurrir el Estado no superará el 0,26 por ciento del PIB nacional, en tanto que el déficit estructural que podrá acumular cada Comunidad Autónoma no será nunca superior al 0,14 por ciento de su producto interior bruto. Por su parte, las entidades locales deberán presentar equilibrio presupuestario.

Mediante la nueva ley, según el pacto alcanzado, se fijarán los criterios para la reducción progresiva del nivel de deuda, de acuerdo con el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con el fin de alcanzar en 2020 el límite contemplado en el artículo 135 de la Carta Magna.

Los límites referidos al déficit estructural, así como la senda para la consecución del objetivo de deuda en 2020, podrán ser objeto de revisión en 2015 y en 2018, a iniciativa de cualquiera de las partes.

Se entenderá por saldo estructural aquel que se deriva de no considerar los ingresos y gastos públicos relacionados con las expansiones y recesiones normales de los ciclos económicos, garantizando así la sostenibilidad a largo plazo de los servicios públicos.