La Generalitat multa a Airbnb por publicar anuncios de pisos turísticos ilegales

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El conseller de Empresa y Empleo, Felip Puig, ha justificado la sanción de 30.000 euros a la multinacional norteamericana Airbnb como medida para evitar la competencia desleal en el ámbito de los apartamentos turísticos y la economía sumergida ya que estas empresas no dan «ninguna garantía» de que paguen impuestos como el IVA y la tasa turística.

La Generalitat ha impuesto una sanción de 30.000 euros a la multinacional norteamericana Airbnb por publicar anuncios de apartamentos turísticos ilegales

Puig ha remarcado que este tipo de modelos de negocio son «imparables» por la evolución de las nuevas tecnologías, pero ha instado a Airbnb a seguir con su actividad respetando la legalidad.

«Las reglas de juego han de ser las mismas para todos, tanto para los modelos de negocio tradicionales como para los de economía colaborativa», ha destacado, y ha añadido que Catalunya ha apostado por el turismo de calidad mediante la implantación de permisos y requisitos.

También ha señalado que antes de imponer la sanción, el Govern había advertido a la empresa americana y le habían animado a seguir con su actividad con los alojamientos turísticos inscritos en el Registro de Turismo de Catalunya.

Puig ha explicado que el Govern ya ha abierto 18 expedientes a páginas web por actividades no reguladas, de los que de momento se han decretado 8 sancionadores que afectan a más de 2.100 viviendas.

También se han abierto más de 100 expedientes a este tipo de viviendas y de las que se ha recaudado unos 500.000 euros de multas.

Respecto a impedir el acceso a Airbnb desde cualquier IP situada en Catalunya, el conseller ha asegurado que la Generalitat tiene competencias para poder hacerlo, y ha explicado que si la compañía no rectifica se podría poner en contacto con el Ministerio de Industria para el cierre definitivo de la web en España.

El responsable catalán también ha reconocido la dificultad de la Generalitat para poder cobrar la multa debido a que la sede social de la compañía está fuera de Catalunya lo que implicaría unos procedimientos administrativos «complicados».

La normativa de la Generalitat establece que todos los alojamientos turísticos deben estar inscritos en el Registro de Turismo de Catalunya, requisito que no cumple esta empresa.