Sin cambios en el guión. La Abogacía del Estado ha apreciado argumentos favorables para interponer el recurso de inconstitucionalidad contra la declaración de soberanía aprobada por el Parlamento de Cataluña el pasado 23 de enero, según lo explicó ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien no quiso adelantar si la decisión final del Gobierno iba a ser la de acogerse a esa fórmula procesal. Eso sí, precisó que este hecho es «un punto muy determinante».
El Ejecutivo, a la vista del citado informe, acordó pedir al Consejo de Estado el «informe preceptivo» antes de adoptar una decisión, ya que, para la vallisoletana, que precisamente es abogada del Estado -en excedencia-, es necesario que sea una resolución de «contenido inconstitucional y que sea impugnable». Así, precisó que el órgano judicial concluye que «reconocer la soberanía del pueblo catalán, y su derecho a decidir sobre su futuro por ser sujeto político, vulnera distintos artículos de la Carta Magna».
El estudio remitido al ministro de Justicia en el Consejo de Ministros explica que entre los artículos de la Ley Fundamental que vulnera la decisión catalana está el 1.2, donde se precisa que La titularidad de la soberanía nacional reside en el pueblo español y es todo el pueblo español el titular de esa soberanía y de sus poderes.
También vulneraría el 2, sobre la indisoluble unidad de España, patria común e indivisible de todos los españoles. Y el 9, que sujeta a la Constitución a todos los poderes públicos, con independencia de su ámbito, así como el 168, que determina la necesidad de que las Cortes aprueben por mayoría de dos tercios cualquier modificación de la Carta Magna que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II.
La respuesta desde Cataluña, cuya petición para el Fondo de Liquidez Autonómico ha sido aceptada, fue también la esperada. Así, el president, Artur Mas, recordó al Gobierno que «todos los países tienen derecho a decidir su máxima autonomía, su máximo autogobierno y su futuro colectivo». Contra esto, «no hay normas ni leyes ni constituciones ni interpretaciones posibles». En su opinión, se trata de «un tema de voluntad de la gente y de unos derechos que todo el mundo tendría que proteger».
Mientras, su socio, el líder de ERC, Oriol Junqueras, lamentó que el Gobierno no priorice la lucha contra de la corrupción y el paro: «Hace todo lo posible para menospreciar la voluntad ciudadana».
