La contratista del Yak-42 no inspeccionó el avión y tan solo miró los papeles

Los abogados de las víctimas creen que la conducta de Chapman Freeborn fue «muy grave», y todo apunta a que podría ser condenada a pagar 60 millones en indemnizaciones.

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La Audiencia de Zaragoza acogió ayer la segunda sesión del juicio civil en el que se dilucida la responsabilidad pecuniaria por el accidente aéreo del Yak-42, ocurrido el 26 de mayo de 2003 y en el que fallecieron 62 militares españoles que regresaban de Afganistán. Como es inherente a este tipo de procesos, ni las acusaciones, ni las defensas, ni el propio tribunal tienen demasiado interés en esclarecer cuáles fueron las causas del siniestro, sino que únicamente se trata de dilucidar quién debe hacerse cargo de abonar las millonarias indemnizaciones que reclaman las familias de las víctimas.

En consecuencia, habiendo 60 millones de euros en juego, la estrategia de la empresa Chapman Freeborn, que fue la encargada de negociar con el Ejército la contratación de los vuelos para transportar en aquel momento a las tropas desplazadas en misiones internacionales, fue estrictamente defensiva, con el único propósito de desvincularse del ya demostrado mal estado del aparato, causa final de la tragedia.

Así, el representante de la compañía en España, Sergio Núñez Cacho, trató de desvincular a su patrono de cualquier posible obligación con los fallecimientos al declarar que Chapman se limitaba a realizar «una labor operacional para la contratación de aviones», y no llevaba a cabo comprobaciones in situ sobre la capacidad técnica de las aeronaves. De hecho, según el ejecutivo, su empresa tampoco tenía siquiera un conocimiento preciso sobre la tripulación. Según su punto de vista, era así hasta el punto de que desconocía que el ingeniero de vuelo tenía el certificado médico caducado, aunque se trata de un documento obligatorio para poder formar parte de una tripulación.

Núñez detalló que su labor consistía en garantizar que «en la fecha indicada» en el contrato entre Chapman y su cliente, en este caso el Ejército español, los aviones estuvieran listos, y comentó que la contratista solía ofrecer varios modelos de aeroplanos para elegir. En el caso que se juzga, la compañía dio a las Fuerzas Armadas la posibilidad de transportar a sus hombres en un Tupolev, también de fabricación soviética, lo que fue desechado por Defensa debido a que contaba con menos plazas para pasajeros.

Núñez añadió que el Gobierno tenía «problemas» para conseguir que las aerolíneas nacionales efectuaran los vuelos, por las insoslayables dificultades que conlleva realizar operaciones de este tipo en zonas de guerra, como es el caso de Afganistán, y de ahí que debiera recurrir a empresas del antiguo bloque comunista.

Sergio Núñez también sostuvo ante la magistrada que el vuelo del Yak 42 era «civil» y que «nadie daba instrucciones» a la tripulación sobre como realizar la travesía. El avión era civil, señaló. Dicha tesis fue compartida por tres de los cuatro oficiales del Ejército que comparecieron ayer y que certificaron que «ningún mando ejercía ningún control» sobre el control del aparato, para añadir que la compañía que operaba el vuelo era civil.

Era una oferta barata

Uno de dichos uniformados, el coronel Joaquín Yáñez, añadió que «la relación calidad-precio» fue determinante para elegir a UM Air para los transportes.

En consecuencia, tras escuchar tales declaraciones, los letrados que representan a las familias de 60 de los 62 finados explicaron en los pasillos de la instancia aragonesa que, en su opinión, ha quedado probado que Chapman no conocía el estado real del avión que se accidentó en 2003 y que aquel vuelo no fue militar.

A juicio de los abogados, la compañía «miraba los papeles y ya daba el visto bueno, sin más», cuando en realidad el contrato que había firmado con el Ejército español obligaba a «garantizar en todo momento la perfecta prestación del servicio».

Por todo ello, los letrados creen «muy grave» la falta de control, un hecho rubricado por la circunstancia de que Chapman solo contara con dos empleados, lo que hacía «imposible alcanzar los niveles de seguridad exigidos».

En definitiva, «las declaraciones van en línea con lo que nosotros decimos, no tenemos duda sobre esto», enfatizaron los abogados antes de recordar que han tachado formalmente el testimonio de Núñez por considerarlo parte interesada y, por tanto, falto de credibilidad.

Por último, los representantes de las familias insistieron en la mala fe de Chapman, cuyo representante en Alemania, Russi Batliwala, que estaba citado para el lunes no se presentó, pese a que él es quien debería conocer las últimas decisiones sobre la contratación.