La CNMC multa a 34 empresas por repartirse contratos de basuras

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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso una multa total de 98,2 millones de euros a ACS, FCC, Ferrovial, Sacyr, a otras treinta empresas y a tres asociaciones por mantener durante al menos trece años un cártel en el sector de la prestación de servicios públicos urbanos que afectó a todo el país.

Se trata de una de las mayores multas del ‘superregulador’ y uno de los mayores y “más complejos” cárteles detectados en los últimos años.

Su relevancia reside en el número de empresas implicadas, en el periodo de tiempo que se mantuvo, en el hecho de que se desarrolló en todo el territorio nacional y, sobre todo, en que afecta a un gran número de contratos públicos, lo que en última instancia repercute en los precios que los ciudadanos pagan como contribuyentes por los servicios, según explicaron en fuentes de la CNMC.

En su resolución, la Comisión consideró acreditado que los cuatro grandes grupos de construcción y servicios, las otras 35 compañías y las tres patronales multadas llevaron a cabo entre los años 2000 y 2013 una “práctica concertada global de reparto de mercado que integraron en su política comercial”.

Acuerdo de reparto

En concreto, estas empresas mantuvieron acuerdos por los que se repartían los contratos públicos de ayuntamientos o los boicoteaban, esto es, acordaban no presentarse si las condiciones “no se ajustaban a sus intereses”. También se distribuían y se respetaban sus respectivos clientes, tanto públicos como privados, y se intercambiaban información “comercialmente sensible”.

Las cuatro grandes compañías cotizadas y el grupo Saica copan casi el 75% del importe total de la sanción, dado que, en conjunto, sus multas suman 72 millones de euros.

La CNMC impuso a Urbaser, filial de servicios de ACS, una sanción de 23,28 millones de euros, a FCC de 16,88 millones, a Valoriza (Sacyr) de 15,29 millones, a Cespa (Ferrovial), de 13,61 millones, y a Saica, de 5,37 millones.

La sanción se determinó, además de con los parámetros fijados en la Ley y con un fin disuasorio, en función del beneficio ilícito obtenido con estas prácticas, según dichas fuentes, que no obstante reconocen que el “perjuicio económico causado seguramente ha sido superior”

Por sectores, se especifica que el cártel afectó a tres actividades, la de gestión de residuos industriales, la de saneamiento urbano y la de recuperación de papel y cartón.