La batalla de los desahucios

El Gobierno aprueba en solitario medidas de urgencia para frenar esta problemática social, mientras las conversaciones con el PSOE se enrocan y se posponen sin fecha determinada

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El presidente Mariano Rajoy hizo un flaco favor al equipo negociador del Gobierno cuando declaró al diario argentino La Nación que: «Si hay que cambiar la Ley Hipotecaria, se cambia». Ese grupo, dirigido por Soraya Sáenz de Santamaría, con Miguel Temboury -subsecretario de Economía– como experto, se encontró enfrente a la oposición socialista, comandada por Inmaculada Rodríguez Piñero, que se empeñó en exigir cambios en la norma para llegar a un acuerdo sobre los desahucios.

Durante tres días se negoció intensamente, a uña de caballo, y se llegaron a importantes puntos de coincidencia. Tantos, que todo daba a entender que la firma llegaría antes del viernes, fecha de desbandada de ministros, porque la mayoría acudía a la Cumbre Iberoamericana de Cádiz. Sin embargo la noche del miércoles, con la huelga general, cambiaron las tornas y los socialistas presentaron nuevas exigencias que encontraron al Ejecutivo con el pie cambiado. A partir de ese momento se torció todo, aunque no se interrumpió el diálogo, ni siquiera durante la celebración del Consejo de Ministros. Pero la sensación, en una y otra parte, es que la rúbrica se retrasaba hasta nueva fecha, e incluso no se descartaba que no llegara nunca.

En Moncloa, mientras se celebraba la reunión del Consejo, el equipo de la vicepresidenta hacía llegar al PSOE las propuestas que decían acordadas de antemano, pero no hubo respuesta positiva; la formación socialista se aferró a que tenían que introducirse cambios en la Ley Hipotecaria como decía el propio Rajoy, y además, pretendía ampliar el techo del salario que marcaría la línea en la que las personas amenazadas de desahucio podían acogerse al plan.

A media mañana, desde el entorno de Sáenz de Santamaría se advertía a los periodistas que era posible que en el Consejo solo se aprobara una ley de mínimos, y que se esperaría a la tramitación parlamentaria del decreto ley para ponerla en sus justos términos, insistiendo en que pretendían llegar a acuerdos con el PSOE, e incluso, estaban dispuestos a aceptar algunas de las enmiendas, añadiendo que el Gabinete tenía la mejor disposición para sacar la ley con el mayor número posible de apoyos y que las negociaciones con la oposición se reanudarían mañana.

Pero desde uno y otro lado empezaron a filtrarse datos, y acusaciones mutuas, que demostraban que el camino no había sido de rosas. El Gobierno decía que el PSOE incurrió en importantes contradicciones y, por ejemplo, había iniciado las conversaciones poniendo sobre la mesa que el techo salarial se fijara en 2,5 veces el IPREM -Indicador de Precios de Efectos Múltiples-, lo que significaba unos 1.600 euros de salario neto mensual, y que sin embargo, en la última fase de las negociaciones exigía que fuera al menos de 1.900. Los socialistas, por su parte, acusaban al Ejecutivo de aceptar inicialmente importantes cambios de la Ley Hipotecaria, como demostraban las declaraciones de Rajoy a La Nación y se habían echado atrás por presiones de la UE. El PP respondía entonces que el PSOE no había cambiado la ley durante sus años de Gobierno porque reforzar las garantías del peticionario del crédito significaba su encarecimiento, ya que los bancos se sentirían más vulnerables; y, en el cruce de acusaciones, desde Bruselas se apuntó que, efectivamente, el hecho de ser miembro de los Veintisiete y encontrarse además en una situación de pre-rescate obligaba a acordar con las autoridades continentales cualquier iniciativa que afectara al sistema financiero.

Es más, en la tarde del jueves, algún corresponsal en Bruselas explicaba que en los edificios de la Comisión se comentaba que si el Ejecutivo español iba excesivamente lejos en sus propuestas de apoyo a los ciudadanos imposibilitados de pagar sus créditos, el Parlamento Europeo podría echar atrás la norma. La banca española ha prestado 600.000 millones de euros en hipotecas para primeras viviendas, y 200.000 más para segundos inmuebles.

¿Y cuántos son los ciudadanos que podrían estar afectados por un desahucio? Es la pregunta clave, que hasta el momento nadie está en condiciones de responder.

Las asociaciones de defensa de los afectados afirman que en los últimos meses se han producido una media de 500 deshaucios diarios, pero ninguna entidad ni institución lo confirma. Tanto en medios socialistas como populares, tras advertir de que no cuentan con datos concretos, coinciden en que esa cifra parece exagerada. En cualquier caso, cada desalojo significa una tragedia, esa es la razón por la que Ejecutivo y oposición hayan pretendido negociar una ley que dé ciertas garantías a las familias más desprotegidas.

Para disponer de todos los datos, se ha pedido a las asociaciones de entidades crediticias, más al Banco de España, más a la Asociación de Banca, que faciliten los números sobre impagos de hipotecas, cuáles son sobre primeras viviendas, en cuántos se ha alcanzado un pacto entre bancos y clientes, cuántas familias han perdido sus hogares y, si se encuentran en situación de precariedad, necesitan acceder a un inmueble social que el Gobierno pretende poner a su disposición, y cuántos desahucios reales se han producido desde que se agudizó la crisis.

Son documentos indispensables para que las negociaciones puedan llegar a buen puerto, puesto que a mediados de semana parecían haberse concretado y que en el último momento, por razones políticas o por cambios de criterio, quedaron abortadas.